La publicación que le desempolvaron a Gustavo Bolívar, por el caso de la Fundación San José: “Curso para político, compre un diploma”

Uno de los escándalos que más ha generado polémica en el Gobierno Petro, el llamado “cartel de diplomas” en la Fundación San José, y que tiene como uno de los casos más suscitados a Juliana Guerrero, de los que en total según lo que denunciaron las representantes a la Cámara, Jennifer Pedraza y Cathy Juvinao.

Otro de los casos que desató diversas reacciones por parte de la oposición y el país políticos fue un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que obtuvo cuatro títulos universitarios del mismo centro universitario.

A raíz de lo anterior, las redes sociales no perdonan, y en este caso, le recordaron a uno de los exfuncionarios del Gobierno Petro, Gustavo Bolívar. Todo por una publicación que hizo hace 12 años en su perfil de X, y cuando aún era conocida como Twitter.

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En esa ocasión, una publicación del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y otrora senador de la República por la coalición del Pacto Histórico volvió a circular en la red, porque mencionó algo que es motivo de polémica y debate público en el país: la compra de diplomas universitarios.

En esa ocasión, el 19 de febrero de 2013 Bolívar escribió: “#CursoParaPolítico compre un diploma, alíese a contratistas, narcos, paras o guerrilleros, diga mentiras, prometa, véndase como honesto”.

Este hecho junto a otros 24 casos denunciados puso en evidencia graves falencias en el sistema de validación académica en entidades estatales y detonó exigencias de investigación ante el Congreso de la República.

La representante Juvinao, del partido Alianza Verde, advirtió que la expedición de estos diplomas irregulares podría haber costado al país más de 11.000 millones de pesos entre 2023 y 2025, y vinculó la maniobra a lo que calificó como un “cartel de diplomas” que habría beneficiado a funcionarios hoy contratados en 16 entidades nacionales bajo el gobierno de Gustavo Petro.

La polémica se profundizó cuando salió a la luz la universalidad de la anomalía, como relató Juvinao a la revista Semana: “¿Quién, humanamente, se gradúa de cuatro carreras el mismo día?”.

Los títulos obtenidos por el funcionario correspondían a Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional, todos consignados con fecha del 5 de julio de 2024.

Aunque la congresista prefirió no dar el nombre, El Tiempo identificó al protagonista como Héctor Julio García Orduz, exaspirante al Concejo de Sogamoso por el Partido Conservador.

García explicó al citado medio que pudo cursar las carreras en simultáneo porque “el 60% de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo”.

Además, aseguró que ingresó a la Dian por ampliación de lista luego de quedar tercero en un examen, y que los títulos no eran requisito para acceder a la plaza, pues solo le exigían demostrar haber cursado seis semestres universitarios o contar con un título de tecnólogo.

Frente a las acusaciones, desestimó cualquier fórmula irregular y afirmó: “Es como si fuese un delito estudiar. Esos señalamientos son para buscar réditos políticos”.

Los demás casos

El equipo de Juvinao detectó patrones reiterados de irregularidad, destacando dos perfiles principales: personas que recibieron diplomas sin presentar la prueba Saber Pro, y otras que la rindieron después de recibir el título, en abierta contravención a la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009.

Juvinao lo describió de manera precisa: “La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero”.

Adicional a lo anterior, la legisladora identificó seis casos en los que los beneficiarios ni siquiera presentaron la prueba Saber Pro exigida, y 18 en los que el examen fue rendido tras el acto de graduación, sumando así las 24 anomalías reportadas.

Entre los beneficiados se menciona personal que terminó contratado en organismos clave como el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), la UNP (Unidad Nacional de Protección), la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), en cumplimiento de contratos para los que era obligatorio acreditar el título profesional.

Uno de los episodios más llamativos fue el de una contratista de la seccional de Boyacá del Sena, quien percibió más de 81 millones de pesos entre 2023 y 2025 sin haber presentado la prueba Saber Pro antes de recibir el grado.

Juvinao se apoyó en la normativa vigente para justificar su denuncia reiterada: “La ley dice que con una sola prueba Saber Pro le puede servir a usted, por ejemplo, para una doble titulación. O sea, usted con un Saber Pro puede aspirar a obtener dos títulos, máximo”.

El caso de Juliana Guerrero, el que permitió ventilar los demás casos del “cartel de los diplomas”

El caso de Juliana Guerrero, mencionada en varias ocasiones, funciona como antecedente referencial para dimensionar el fenómeno. Guerrero habría recibido títulos en Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación San José en 2025, bajo procedimientos cuestionados.

La representante Pedraza, de Dignidad y Compromiso, denunció la existencia de documentos oficiales entregados a la Dian que revelarían tres pagos:

• Uno de $1.000.000 por derechos de grado en Contaduría Pública.
• El segundo de $2.200.264 por matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
• El tercero de $4.776.300 por matrícula en Contaduría Pública.

Según documentos fiscales incluidos en la plataforma de la Dian estos abonos ocurrieron después de la fecha consignada en los diplomas (1 de julio de 2025), evidenciando el abono de los derechos de grado previo a la matrícula, una secuencia inversa a las prácticas académicas regularmente admitidas.

Sobre esta irregularidad, Pedraza aseveró en su momento: “Estamos hablando de varios delitos en uno solo y en Colombia no puede seguir haciendo carrera esa idea de la impunidad”.

La reacción del Ejecutivo fue objeto de críticas.

Tanto Juvinao como Pedraza reclamaron la falta de respuestas oficiales, y la primera urgió al Ministerio de Educación y a la Fiscalía a agilizar investigaciones. “Se abren ahora diversos interrogantes que tanto la Fundación Universitaria San José, el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) y las personas beneficiarias de los contratos deberán responder con el mayor grado de urgencia y transparencia”, afirmó Juvinao.

Asimismo, se confirmó la destitución y denuncia penal de Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la universidad, señalado como responsable de la expedición de varios de los diplomas fraudulentos.

El fundador de la Fundación San José, Francisco Pareja, reconoció según Caracol Radio que Guerrero nunca estuvo formalmente matriculada y que los diplomas no tenían legitimidad.

Pedraza, en ese mismo espacio, remarcó la incoherencia institucional al recordar que “si nos dolía que pasara antes, entonces hoy es igualmente grave y deberíamos estar alzando la voz con la misma contundencia”.

En paralelo, surgieron hipótesis sobre los motivos detrás de la continuidad de algunos funcionarios en cargos públicos pese al escándalo.

Pedraza insinuó una posible relación especial de Guerrero con altos funcionarios, y sugirió que la propiedad de la Fundación San José por Francisco Pareja, político vinculado en el pasado a Armando Benedetti, habría garantizado cierto blindaje.

Benedetti, ministro del Interior, respondió a través de su cuenta de X: “A Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, en los últimos 5 años, no lo he visto, no me he tomado un tinto ni he hablado por teléfono con él ni con NADIE de la Fundación”, desligándose así del episodio.