La Fiscalía General de la Nación ha imputado hasta el momento a 55 personas por la presunta conformación de una organización delictiva dedicada al desfalco de recursos públicos en Medellín.
Entre los señalados figura Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), quien lideró la entidad durante la gestión de Daniel Quintero Calle.
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La solicitud de medida de aseguramiento en centro penitenciario contra Palacio Cardona marca un nuevo capítulo en el proceso judicial. La audiencia ante el juzgado de control de garantías se llevará a cabo el próximo 26 de enero.
La Fiscalía sostiene que el grupo investigado habría creado una estructura para apropiarse de fondos estatales asignados a la gestión de emergencias y manejo de riesgos en los diez municipios del Valle de Aburrá.
Tras lo anterior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió en X contra Daniel Quintero y este entramado de corrupción que envuelve al exmandatario de la capital antioqueña.
“Ya son 55 los imputados por la Fiscalía, incluyendo el jefe de la banda. Esto no es una casualidad. Crearon una estructura criminal para robarse a Medellín y efectivamente lo hicieron”, expresó.
Gutiérrez también comparó el caso con otros escándalos de corrupción en el país al afirmar: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el mega robo que le hicieron esos hermanitos a Medellín”.
El alcalde de Medellín también enfatizó que el entramado no fue fortuito, sino el resultado de una planificación orientada al desfalco de las finanzas públicas municipales.
Además de Palacio Cardona, la investigación involucra a Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes fungieron como subdirectoras ambientales del Amva en el periodo señalado. Montoya Velilla, en particular, ejerció funciones como ordenadora del gasto, rol central en la aprobación y ejecución de los contratos bajo la lupa judicial.
El núcleo de la indagación del ente acusador se concentra en seis contratos firmados entre 2020 y 2021, cuyo valor agregado supera los 18.656 millones de pesos.
Todos los convenios se tramitaron bajo el mecanismo de contratación directa excepcional, modalidad “apoyo a la gestión”, la cual, según la Fiscalía, habría sido utilizada para justificar actividades y adquisiciones ajenas a la causal permitida.
Los investigadores sostienen que al menos 2.481 millones de pesos fueron apropiados de manera irregular, fondos inicialmente destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la región.
Las autoridades continúan evaluando la posible extensión de la red y el nivel de responsabilidad de los demás implicados, mientras la ciudadanía espera avances y sanciones ejemplares.
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