La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 11 militares, entre ellos el excomandante de la brigada 30, general (r) Paulino Coronado, cumplen con los requisitos para acceder a una sanción restaurativa por su papel en los denominados ‘falsos positivos’ cometidos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
La decisión, conocida el miércoles 21 de enero de 2026, se produjo tras una revisión exhaustiva de la responsabilidad admitida por los comparecientes y de sus aportes al esclarecimiento de la verdad.
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La investigación, que forma parte del Subcaso Norte de Santander del Caso 03 de la JEP, abarca 120 víctimas de asesinato y un intento de homicidio, todos presentados como bajas en combate en el mencionado departamento durante el periodo analizado.
La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz concluyó que la investigación desarrollada por la Sala de Reconocimiento se ajustó a derecho y consideró que los comparecientes hicieron aportes sustanciales al esclarecimiento de los hechos.
Nuevas imputaciones: esclavitud y tortura
En su última resolución, la JEP también decidió imputar dos nuevos delitos a varios de los uniformados. Ocho de los once serán procesados por el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en concordancia con el delito de trata de personas tipificado en el Código Penal colombiano. Cuatro de los comparecientes enfrentan, adicionalmente, cargos por el crimen de guerra de tortura en hechos relacionados con tres víctimas.
La sección judicial determinó que al menos 29 personas fueron víctimas de esclavitud bajo el patrón macrocriminal identificado. En estos casos, civiles en condición de vulnerabilidad fueron reclutados por organizaciones criminales y terceros, que, en coordinación con miembros de unidades militares y a cambio de dinero, los entregaron para que fueran posteriormente ejecutados y presentados como bajas en combate, según documentación de la JEP.
Reconocimiento de responsabilidad y proyectos restaurativos
Los militares implicados reconocieron su responsabilidad y ofrecieron aportes sustanciales a la verdad, lo que permitió avanzar en la imposición de una Sanción Propia, figura prevista para quienes contribuyen de manera suficiente con la justicia transicional.
El proceso incluyó la escucha a víctimas, representantes judiciales y el Ministerio Público, lo que, según la JEP, asegura la correspondencia entre los hechos investigados, las pruebas y las calificaciones jurídicas.
La decisión judicial también validó los proyectos de sanción restaurativa propuestos, por cumplir con los criterios formales y restaurativos exigidos. Entre las iniciativas priorizadas se encuentra la construcción de la Casa Campesina Multipropósito en el Catatumbo y el Parque Memorial “6.402+ razones para no olvidar” en Bogotá.
Además, la JEP destacó el impulso al proyecto documental Las Verdades del Catatumbo, orientado a fortalecer la memoria y la pedagogía sobre estos crímenes.
Contexto de los ‘falsos positivos’ en el Catatumbo
El Subcaso Norte de Santander forma parte del proceso judicial que investiga las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes de la fuerza pública, que presentaron a personas civiles como combatientes muertos en enfrentamientos.
El patrón macrocriminal identificado por la JEP incluye la desaparición forzada y la instrumentalización de civiles mediante prácticas como la esclavitud, en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que afectó principalmente a hombres jóvenes y a mujeres buscadoras, según documentación oficial.
La decisión de la JEP precisa y amplía la responsabilidad penal de los implicados, y garantiza que sean juzgados por la totalidad de las conductas cometidas, lo cual proporciona seguridad jurídica y contribuye a evitar futuras reaperturas judiciales.
Próximas etapas del proceso
El procedimiento avanzará con la Audiencia Pública de Verificación, en la que se constatará el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación. Durante esta diligencia, se refrendarán los reconocimientos de responsabilidad y se evaluará la viabilidad de los proyectos restaurativos.
Una vez superada esta etapa, la sección judicial de la JEP emitirá la sentencia correspondiente. Según lo previsto, los proyectos de sanción priorizados buscarán atender las demandas de las víctimas y los territorios afectados, con la participación del Gobierno nacional y conforme a las competencias del Sistema Restaurativo de la JEP.
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