Petro volvió a referirse al polémico contrato para su defensa judicial: “Por hablar con Trump se ahorraron dineros”

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse a la polémica por un contrato destinado a la contratación de servicios jurídicos sobre sanciones financieras internacionales contra él y la primera dama, Verónica Alcocer, por un valor cercano a 10.000 millones de pesos.

En una publicación hecha el martes 20 de enero de 2026 en la red social X, el mandatario reiteró su ofensiva contra los sectores de oposición a su administración, al recordar sus visitas a Estados Unidos y asegurando que habrían afectado la economía colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hacer las cuentas bien. Claro que la actividad de la oposición y su respuesta en el gobierno de los EEUU, deja en peligro la estabilidad económica de Colombia”, escribió el jefe de Estado en la plataforma digital.

A su vez, Petro declaró que el país tuvo fuertes consecuencias económicas, tras el operativo desplegado por las fuerzas militares estadounidenses en Caracas (ocurrido el 3 de enero), donde fue capturado el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez.

“El golpe que se dio a Venezuela no fue solo a la persona de Maduro; todos nosotros fuimos afectados como sociedad al dispararse el valor de los TES colombianos”, mencionó.

No obstante, el mandatario colombiano aseguró que los líos que enfrentó el país fueron superados después de que, según él, se produjera su comunicación con el presidente norteamericano Donald Trump, en la que se acordó un encuentro formal entre ambos dirigentes en la Casa Blanca.

“Solo el que se hubiera producido una conversación entre Trump y yo, que no lo hice como persona, sino como presidente de Colombia, hizo de inmediato que bajaran los precios de los TES, ahorrando dineros al país, que no a mí”, explicó.

Por último, el presidente colombiano elevó sus críticas hacia los sectores de oposición y a un medio de comunicación que, para Petro, fueron parte esencial de su conflicto con Trump.

“Así que es mejor mitigar cualquier daño a la nación, a mí como persona; la misma revista Semana ya me ha (hecho) daños irreversibles”, concluyó.

Origen de la polémica

La controversia se produjo en los primeros días de enero de 2026, cuando la Presidencia adjudicó un contrato por $10.000 millones a la firma Amadeus Consultancy Limited, destinados a la defensa legal del mandatario y de Verónica Alcocer ante posibles sanciones vinculadas a la inclusión en la denominada Lista Clinton, medida impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos contra el mandatario, la primera dama, al igual que al hijo mayor de Petro, Nicolás Petro Burgos, y al ministro del Interior Armando Benedetti.

En un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) subrayó que la modalidad de contratación utilizada está autorizada por el régimen jurídico colombiano y respaldada por estudios previos, ya que no existe una oferta nacional con experiencia equivalente en estos asuntos de alta complejidad.

Así mismo, la entidad manifestó que la contratación de firmas estadounidenses es una “práctica histórica, legítima y sostenida” en Colombia desde 1938, precisando que ha sido implementada por distintos gobiernos y entidades, incluidos los periodos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, según registros oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y archivos institucionales locales.

Igualmente, el Dapre insistió en que el contrato “no tiene como objeto la defensa personal del presidente ni de ningún funcionario o particular”, sino que busca anticipar y gestionar riesgos cuya omisión podría resultar en consecuencias graves para el país en su conjunto.

Sin embargo, el debate escaló cuando la periodista Salud Hernández-Mora publicó el 17 de enero en su cuenta de X su rechazo categórico a la operación.

“Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton. En solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”, escribió la comunicadora.

Como reacción, Gustavo Petro argumentó en su cuenta de X que la “presión internacional” ejercida por la oposición fue la causa original de la situación, y defendió la legalidad y necesidad del contrato.

“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff, querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, manifestó el presidente en la red social.

Las respuestas de referentes de la oposición e independientes no tardaron. La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo: “¿Eso nos costó? No Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos por qué pagar su pésimo actuar, favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco“.

Por su parte, la representante Katherine Miranda hizo hincapié en la naturaleza pública e indelegable de los fondos estatales: “Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”, remarcó Miranda en la misma red.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para verificar si hubo irregularidades en el contrato firmado por la Presidencia.

Según informó el órgano de control, el contrato identificado como No. 001 de 2026, vigente entre el 9 de enero y el 30 de abril, carece de garantías de cumplimiento, lo que eleva el riesgo para el patrimonio estatal.

Por ello, ha solicitado a Dapre la remisión de los antecedentes, documentos y bases legales que expliquen la contratación directa, con el objetivo de verificar si existen responsabilidades administrativas.