
Las revelaciones sobre el presunto fraude académico protagonizado por Juliana Guerrero, exfuncionaria allegada al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, han encendido la controversia en las redes sociales y ocasionaron, en la tarde del martes 20 de enero, fuertes críticas de la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller Marta Lucía Ramírez, que hizo serias observaciones frente a lo que sería este mediático caso.
De acuerdo con la exfuncionaria, que hizo parte de la administración de Iván Duque Márquez, existe una especie de “doble rasero” frente a lo que serían las reacciones de miembros del movimiento progresista ante los escándalos que sacuden al Ejecutivo: pues si bien algunos de ellos han expresado su indignación frente a lo sucedido con Guerrero, no serían igual de vehementes en lo referente al escándalo que involucra a Nicolás Petro, hijo del mandatario.
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“Incluso desde el propio Pacto Histórico, Gustavo Bolívar admite que los fraudes en diplomas de la Fundación San José son ‘indefendibles’ y causan ‘daño inmenso’. ¡Qué ironía que ahora rechacen la ‘solidaridad de cuerpo’ que tanto han practicado en casos como Nicolás Petro!”, dijo Ramírez, que aseguró que el caso de la joven que aspiraba a ser viceministra de Juventudes “expone falsedades documentales y contratos ilícitos por miles de millones”.
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Por tal motivo, Ramírez exigió a la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral investigaciones imparciales y sanciones inmediatas, pues para ella la corrupción de los estamentos estatales “hipoteca nuestro futuro”.
¿Qué dijo Gustavo Bolívar del caso de Juliana Guerrero?
Desde el propio oficialismo, Bolívar, exsenador y exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico, reconoció la gravedad del caso de Guerrero. “Los fraudes de la Fundación San José son indefendibles. El daño reputacional a nuestro proyecto político es inmenso e innecesario. No deberíamos quedarnos callados. La solidaridad de cuerpo no debe existir cuando de corrupción se trata”, expresó Bolívar en su perfil de X, con el que se desmarcó de cualquier defensa a la joven.
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El escándalo ganó tracción tras la publicación de documentos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que evidenciarían pagos por casi 8 millones de pesos hechos por Guerrero a la Fundación Universitaria San José: claustro del cual se graduó. Según la representante Jennifer Pedraza, estos montos se habrían consignado después del acto de graduación, lo que acrecentó la sospecha sobre una presunta “compra” del título de contadora pública.
En medio de las denuncias, diferentes sectores exigieron la renuncia de Guerrero a toda función pública. Hasta el momento, Guerrero -que trabajó en el Ministerio del Interior, de la mano de Armando Benedetti- encabeza una delegación en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, pese a la anulación oficial de sus diplomas y la retirada de su postulación al viceministerio de Juventudes, debido al escándalo que se generó por este caso.
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Y es que la mujer, de 22 años, ocupó cargos como asesora en el ministerio que coordina Benedetti y fue jefa de gabinete en la misma dependencia. Sin embargo, cuando se descubrió que obtuvo su título profesional sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito legal en Colombia. La propia Fundación Universitaria San José admitió las irregularidades y anuló sus títulos al no hallar registros de su actividad académica ni asistencia a clases.
En lo relacionado con este caso, la Fiscalía la investiga por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal; en tanto que la Procuraduría indaga sobre el uso de aeronaves estatales para fines personales por parte de Guerrero, durante julio de 2025. De hecho, en su defensa, Guerrero interpuso una serie de acciones contra una de sus denunciantes: la representante Jennifer Pedraza, que expuso cómo se habría configurado el accionar de la joven.
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