El 19 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó que iba a presentar cargos el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por supuestas fallas en las medidas de protección destinadas al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en 2025.
Sin embargo, horas después, el ente acusador decidió retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez.
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La Fiscalía basó su decisión en la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, que dispuso la conformación de un Grupo de Tareas Especiales encargado de investigar y llevar a la justicia los hechos vinculados al atentado contra Miguel Uribe Turbay.
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Por esta decisión, Víctor Mosquera, abogado defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay, expresó su preocupación; no obstante, indicó en su comunicado que entiende que se ”quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.
“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodriguez Ballesteros. Sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”, señaló Víctor Mosquera.
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El abogado señaló que confían en la articulación que realice el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295. Asimismo, expresó su respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá.
“Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295. Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”, señaló Mosquera en el comunicado.
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La defensa de la familia Miguel Uribe Turbay reiteró su confianza con la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales, creado para esclarecer los hechos que desencadenaron en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
“Asimismo, confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, se lee en el comunicado.
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Así las cosas, el abogado Víctor Mosquera detalló que esperan que definan en el corto plazo una nueva fecha para la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
“En ese entendido, esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”, señaló el abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay.
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Detalles de lo ocurrido
Augusto Rodríguez fue objeto de acusaciones luego de que el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, presentara pruebas sobre supuestas omisiones en la atención a solicitudes de refuerzo para la seguridad de Uribe Turbay.
Según la investigación, entre el senador y su círculo enviaron al menos 23 peticiones a la UNP sin recibir una respuesta efectiva, situación que cobró relevancia tras el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando un sicario logró acercarse a pocos metros del entonces precandidato presidencial, quien solo contaba con tres escoltas.
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La Fiscalía inició un proceso judicial al radicar una solicitud de audiencia de imputación contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, por el presunto delito de prevaricato por omisión.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez no habría atendido los reiterados llamados para mejorar el esquema de protección de Uribe Turbay, considerado uno de los políticos más amenazados del país.
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Rodríguez, por su parte, calificó la medida como una decisión con motivaciones políticas y aseguró que su gestión al frente de la UNP se ajustó a criterios técnicos. Además, desde la Presidencia se insistió en que el caso debía ser evaluado con rigor y sin influencias externas al proceso judicial.
La Fiscalía aclaró que la retirada de la imputación responde a un ajuste en la organización interna y no significa que se desestimen las alertas previas sobre posibles omisiones.
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