La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el supuesto daño patrimonial relacionado con la construcción de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro.
La decisión cierra un expediente que se originó en presuntas irregularidades durante la gestión de Rendón como alcalde del municipio entre 2016 y 2019.
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El caso se centró en la ejecución de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI). En el primero, correspondiente al sector San Antonio de Pereira, la investigación partió de “debilidades en la planeación del proyecto que, al no contar con los respectivos conceptos de viabilidad emitidos por la Policía Nacional, no ha prestado ningún servicio a la comunidad”, según quedó consignado en la documentación oficial.
Por este hecho, se llegó a calcular un presunto daño patrimonial superior a $830 millones.
En el segundo proyecto, el CAI de Cuatro Esquinas, los señalamientos apuntaban a una “pérdida total de la inversión realizada, en razón a que no cumplía su fin social, que era cubrir las necesidades de seguridad que existen en el sector de Cuatro Esquinas, por hechos atinentes a una mala planeación”.
Para este caso, la cifra estimada de posible detrimento patrimonial se acercaba a $433 millones.
Durante el proceso fiscal, Andrés Julián Rendón rindió versión libre. En su intervención, solicitó el archivo del caso y argumentó que “desde la Alcaldía del municipio de Rionegro, en coordinación con la Policía Nacional, se están realizando gestiones conjuntas con el fin de que las instalaciones de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas ingresen a la estructura orgánica de la Policía Nacional”.
El mandatario departamental añadió: “Dicho trámite se realizará una vez por parte del nivel central se autorice su actualización. Reconoce, además, que se está trabajando de manera conjunta con la Administración Municipal de Rionegro en una minuta de contrato de comodato para recibir las instalaciones policiales, documento que se encuentra en estudio por parte de la Secretaría General (Segen) para su validación y posterior firma de las partes intervinientes”.
La Contraloría General de la República evaluó los argumentos y pruebas documentales aportados.
En su decisión, aseguró que los CAI fueron entregados y que actualmente cumplen su función.
“Bajo este contexto, aparece evidente que del análisis hasta ahora efectuado se advierte que no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario, habida cuenta de que la obra contratada se encuentra ejecutada y en funcionamiento conforme a los requisitos técnicos y estructurales, de acuerdo con lo contratado”, indicó la Contraloría.
La entidad de control fiscal también afirmó: “En consecuencia, honrando la esencia resarcitoria del proceso de responsabilidad fiscal y existiendo acervo probatorio suficiente que permite tener certeza sobre la inexistencia de daño al patrimonio del Estado, pues en el infolio se pudo constatar la funcionalidad de la obra tantas veces citada y construida conforme a los estándares técnicos y estructurales contratados, por lo tanto, se procederá a decretar el archivo del presente proceso de responsabilidad”.
El fallo también establece que no procede ningún recurso contra la decisión. No obstante, la Contraloría advirtió que, si en el futuro se presentan nuevas pruebas que contradigan los fundamentos para el archivo, o si se demuestra que la decisión se basó en prueba falsa, podrá reabrirse la actuación fiscal, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 610 de 2000.
El proceso había iniciado por sospechas sobre un posible daño patrimonial cercano a 1.200 millones de pesos, derivadas de las demoras en la entrada en funcionamiento de los CAI y la presunta utilización de terrenos no aptos para su construcción.
El archivo de la investigación fiscal no implica el cierre de todos los frentes judiciales para el actual gobernador, quien aún enfrenta una indagación en la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos, en la que se han practicado interceptaciones telefónicas.
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