La crisis del Deportivo Pereira sumó este viernes 16 de enero de 2026 un nuevo y contundente capítulo. La Superintendencia de Sociedades anunció que, tras adelantar una actuación administrativa, decidió someter al club al régimen de “control”, el nivel más alto de supervisión contemplado en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995.
La determinación se tomó luego de verificar una situación crítica en los ámbitos jurídico, contable y administrativo, que compromete seriamente la estabilidad de la sociedad deportiva.
El máximo grado de supervisión sobre el club
El sometimiento a control implica que la Superintendencia de Sociedades ejercerá amplias facultades sobre el club matecaña. Entre ellas, podrá impartir órdenes directas a sus administradores, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión interna.
El objetivo central de estas atribuciones es garantizar el cumplimiento del marco legal, la transparencia de la información financiera y la adopción de correctivos frente a los riesgos detectados.
Según explicó el organismo de control, la finalidad de la medida es propiciar la recuperación integral del Deportivo Pereira mediante un acompañamiento más técnico y detallado.
De acuerdo con la entidad, esta medida permite una vigilancia cercana y preventiva, orientada a evitar un mayor deterioro de la situación empresarial y a corregir de manera oportuna las irregularidades encontradas.
La Superintendencia busca, además, asegurar que las decisiones del club se adopten bajo criterios técnicos y de responsabilidad frente a sus obligaciones legales y financieras.
Una decisión en medio de sanciones y denuncias
La decisión de la Supersociedades se produce en un contexto especialmente complejo para el Deportivo Pereira. A finales de 2025, el club se acogió a la ley de quiebras tras una profunda crisis económica que derivó en deudas salariales de hasta dos meses con sus jugadores.
Como consecuencia, varios futbolistas rescindieron sus contratos por justa causa y denunciaron que fueron bloqueados para firmar con otros equipos del fútbol profesional colombiano.
Estas denuncias fueron respaldadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que acusó al club y a la Dimayor de vulnerar el derecho al trabajo de los jugadores, pese a no existir vínculo contractual vigente.
A esto se suma la revocatoria del reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte, la suspensión de actividades ordenada por el Ministerio de Trabajo y una sanción de la FIFA que le impide inscribir nuevos jugadores.
La Supersociedades habla de protección y recuperación
En este escenario, la Superintendencia de Sociedades aseguró que el sometimiento a control busca proteger a los diferentes grupos de interés que interactúan con la institución.
El superintendente Billy Escobar explicó que la medida pretende impulsar acciones preventivas y correctivas que propicien un mejor gobierno corporativo y la adopción de estrategias efectivas de recuperación.
“Este control pretende la protección de los diferentes grupos de interés a través de acciones que permitan corregir las debilidades detectadas y fortalecer la sostenibilidad de la empresa”, señaló el funcionario.
La entidad aclaró que la decisión es susceptible de los recursos de reposición y apelación, conforme a lo establecido en la ley.
Con esta intervención, la Superintendencia reiteró su objetivo de preservar el orden público económico y garantizar los principios constitucionales. Para el Deportivo Pereira, la medida representa una intervención decisiva en una crisis que ya superó lo deportivo y pone en riesgo la continuidad institucional del club en el fútbol profesional colombiano.
En el pasado, varios clubes del fútbol colombiano, además del Deportivo Pereira, han pasado por situaciones financieras críticas que llevaron a la intervención o procesos de reorganización bajo la Superintendencia de Sociedades.
Esta lista de equipos incluye a Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, América de Cali y el Real Cartagena, que pasaron por procesos similares de vigilancia y control debido a graves incumplimientos financieros, y en general, varios equipos han estado bajo la lupa por deudas, inconsistencias contables y problemas laborales, como el mismo Pereira que ya había tenido una crisis previa, demostrando un problema recurrente en el fútbol local.
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