Procuraduría prende alertas por proyecto de Gobierno Petro que cambiaría el precio de la vivienda VIS

La discusión sobre el acceso a la vivienda de interés social volvió al centro del debate público, esta vez por cuenta de un proyecto de decreto que podría modificar la forma en que se calculan y pactan los precios de este tipo de inmuebles. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, ya encendió las alertas de la Procuraduría General de la Nación, que anunció un seguimiento preventivo ante los posibles efectos que tendría sobre miles de familias colombianas.

El ente de control confirmó que puso la lupa sobre la propuesta normativa y que, como primer paso, solicitó información técnica detallada a la cartera de Vivienda. El objetivo, explicó la Procuraduría, es evaluar con mayor precisión los impactos sociales, económicos, contractuales y financieros que podría generar el cambio. “La PGN, en el marco de sus acciones preventivas y en atención al impacto social, económico y contractual que la medida pueda generar, envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiriendo información técnica que permita fortalecer la acción preventiva”, señaló la entidad.

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Uno de los principales focos de preocupación está en la intención de pasar del cálculo del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) en salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) a una fijación directa en pesos colombianos. Para la Procuraduría, este ajuste no es menor y podría abrir la puerta a “posibles riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que desencadenarían en demandas e incumplimientos”, especialmente en proyectos que ya están en curso o en procesos de compraventa avanzados.

Desde la división de Vigilancia de la Función Pública, el Ministerio Público advirtió que cualquier modificación debe contemplar con claridad un régimen de transición. Esto, con el fin de evitar confusiones o afectaciones a las familias que ya separaron vivienda, firmaron promesas de compraventa o se encuentran vinculadas a esquemas fiduciarios bajo las reglas actuales. La protección del consumidor de vivienda es, según la entidad, uno de los ejes centrales de este análisis.

Además, la Procuraduría busca que exista una articulación adecuada entre el precio final de los inmuebles, los subsidios estatales y las alternativas de financiación disponibles. Un desajuste entre estos componentes, advierte el ente de control, podría poner en riesgo el cierre financiero de muchos hogares, especialmente aquellos con ingresos limitados que dependen de apoyos públicos para acceder a una vivienda propia.

Como parte de este seguimiento, la PGN anunció la convocatoria a una mesa técnica interinstitucional, programada para el 28 de enero. En este espacio se analizarán de manera preventiva los alcances del proyecto de decreto y se buscará “promover una implementación armónica de la política pública de vivienda, en coordinación con las entidades competentes”.

¿En qué consiste el proyecto de decreto?

El Ministerio de Vivienda, por su parte, explicó que la iniciativa fue publicada para comentarios con el propósito de armonizar el tope máximo general de la VIS en 135 Smmlv. Según la entidad, la medida busca evitar incrementos desproporcionados en los precios de este tipo de vivienda y brindar mayor previsibilidad a las familias en su planeación financiera.

“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, destacó el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la cartera, fijar el precio desde el comienzo en moneda corriente permitiría reducir la incertidumbre que hoy enfrentan muchos compradores, quienes ven cómo el valor de su vivienda aumenta año tras año por la indexación al salario mínimo. Con el nuevo esquema, cualquier ajuste posterior estaría limitado a variables directamente relacionadas con los costos de construcción.

“Siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario”, precisó la cartera, que insiste en que el decreto apunta a dar mayor transparencia y estabilidad al proceso de adquisición de vivienda VIS.

Mientras avanza el análisis técnico y se recogen comentarios de distintos sectores, el debate sigue abierto. En juego está no solo la estructura del mercado de vivienda de interés social, también la confianza de miles de hogares que ven en este tipo de proyectos su principal opción para acceder a una casa propia.