Por negarse a aplicar el decreto de emergencia, congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación en contra de los 17 gobernadores

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación abrir investigaciones penales y disciplinarias contra los 17 gobernadores que se negaron a aplicar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro.

Ocampo advirtió en declaraciones que compartió Caracol Radio - W que la decisión de los mandatarios pone en riesgo la recaudación de 11 billones de pesos destinados a programas sociales y servicios públicos.

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Además, el congresista señaló sobre los gobernadores que “su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”.

De paso, el representante a la Cámara indicó que el decreto pretende atender una grave crisis fiscal que afecta la financiación de sectores como salud, energía y atención de desastres.

Por ende, Ocampo insistió en que “nadie está por encima de la ley” y solicitó a los entes de control actuar con rapidez.

El Gobierno nacional ya había anunciado acciones jurídicas contra los gobernadores que no acaten el decreto de emergencia económica, en medio de la negativa porque, según lo que se destaca en el comunicado emitido por parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en la que se resalta que el alza del Impuesto al Consumo y del IVA (del 5% al 19%), sería un factor de riesgo financiero y la prestación de servicios esenciales en los departamentos, como salud por ejemplo.

Qué señala el comunicado por parte de la Federación Nacional de Departamentos

Los gobernadores de Colombia anunciaron acciones jurídicas para frenar el Decreto 1474 de 2025, que establece nuevas medidas tributarias con el objetivo de cubrir los gastos del Presupuesto General de la Nación vinculados al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025.

Esta decisión fue tomada tras una reunión extraordinaria en Bogotá, en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que los mandatarios departamentales expusieron su preocupación por el impacto que estas normativas pueden tener sobre la autonomía fiscal de las regiones y la garantía de los derechos fundamentales.

Los gobernadores sostienen en el comunicado que se emitió a que la nueva carga impositiva pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades territoriales, especialmente por el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5% al 19%.

De acuerdo con el comunicado, existe un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar servicios esenciales como salud, educación y deporte.

En respuesta a la situación, los gobernadores estudian, junto a la FND, el instrumento jurídico más adecuado para suspender los efectos del decreto.

El análisis contempla la posibilidad de que la Corte Constitucional aplique una excepción de inconstitucionalidad, mientras define de fondo la validez de la declaración del estado de emergencia.

El texto oficial señala que “la eventual aplicación de esta excepción se justifica por el peligro que representa para la prestación de servicios básicos en las regiones”.

Para reforzar su posición, los mandatarios conformaron una comisión representativa que solicitará un espacio de intervención ante la Corte Constitucional.

Esta comisión está integrada por las gobernadoras de Tolima, Adriana Magali Matiz; y Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Durante la rueda de prensa, los gobernadores también respondieron a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y consideraron que calificarlos como “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce la autoridad que ejercen en sus territorios.

Los mandatarios insisten en que su labor se desarrolla bajo el cumplimiento de la Constitución y la ley, y que la protección de las garantías constitucionales exige respuestas institucionales claras.

Por otra parte, los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad.

En ellos se propone que en estos espacios se estudien y definan medidas dentro del Plan Democracia para combatir el constreñimiento, el control territorial, el confinamiento, las zonas vedadas y el uso de las armas como mecanismo de coacción electoral.

Según la Federación Nacional de Departamentos, el comunicado destaca la preocupación principal radica en el aumento de la violencia en departamentos como Chocó y Cauca, donde los mandatarios expresaron su solidaridad con las comunidades y pidieron reforzar la seguridad del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien ha recibido amenazas.

El comunicado concluye con la afirmación de que ningún colombiano debería vivir con miedo y zozobra para transitar, trabajar y convivir, en referencia a la ola de violencia que afecta a varias regiones del país.