Las autoridades de Medellín y la Fiscalía General de la Nación profundizan en el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y del patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26, ambos pertenecientes a las unidades investigativas de automotores de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Infobae Colombia conoció que el lunes 8 de junio se realizó la legalización de captura con medida de aseguramiento de tres personas, incluyendo a un intendente jefe de la misma institución, por su presunta responsabilidad en el homicidio de los uniformados.
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La audiencia de imputación de cargos está prevista para los próximos días, en tanto los organismos de investigación analizan los elementos probatorios incautados y reconstruyen la cadena de eventos que concluyó con la muerte de los dos investigadores.
Contexto de los hechos y primeras hipótesis
El incidente se registró en la noche del 5 de junio en la carrera 80A con calle 41, en el barrio Lorena de la comuna 11, Laureles. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los investigadores acudieron al lugar para verificar el reporte de un vehículo robado. En el sitio se encontraban dos civiles y un policía, que estarían presuntamente relacionados con el automotor objeto de investigación.
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La reconstrucción preliminar apunta a que los investigadores realizaban un procedimiento encubierto o civil, con el objetivo de rastrear y recuperar el vehículo reportado como robado.
Según versiones iniciales, el intendente jefe, fuera de servicio y acompañado de los dos civiles, habría confundido a los policías vestidos de civil con delincuentes armados, lo que llevó a que desenfundara su arma y se desatara un intercambio de disparos.
Durante la confrontación, ambos investigadores de la Sijín resultaron gravemente heridos. Fueron trasladados a un centro asistencial, donde fallecieron debido a la gravedad de las lesiones provocadas por armas de fuego. La principal línea de investigación apunta a un posible caso de fuego amigo, aunque las autoridades aún no descartan otras hipótesis.
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Material probatorio y proceso judicial
En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron tres armas de fuego y varios dispositivos móviles, los cuales serán utilizados como material probatorio por la Fiscalía General de la Nación. Los tres capturados, incluyendo el intendente jefe y los dos civiles que lo acompañaban, quedaron a disposición de la Fiscalía para la continuación del proceso judicial por el presunto delito de homicidio.
El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, brigadier general Henry Yesid Bello, expresó el dolor institucional por la pérdida de los dos uniformados y afirmó que: “Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana para continuar con las investigaciones hasta esclarecer plenamente estos lamentables hechos”.
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Esclarecimiento de responsabilidades y protocolos policiales
La investigación busca determinar si existieron fallas en la coordinación de los operativos, especialmente en lo referente a la identificación de los funcionarios que actuaban de civil en la zona, así como en los protocolos de comunicación interna durante procedimientos encubiertos.
De acuerdo con las indagaciones, una de las principales dudas está relacionada con el motivo de la presencia del intendente jefe junto a los civiles en la camioneta y por qué se produjo el error de identificación que desencadenó la balacera.
En el video analizado por las autoridades, se observa a la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales intentando alejarse de su agresor, que la alcanza pese a que ella levanta las manos y deja caer su arma. Esta secuencia forma parte del material probatorio clave para establecer la secuencia precisa de los hechos y la responsabilidad de los involucrados.
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El caso, que mantiene en alerta a las autoridades de Medellín, sigue en etapa inicial de investigación y no se ha determinado aún la cadena de decisiones que condujo al desenlace fatal.
La audiencia de imputación de cargos contra los capturados será determinante para establecer las eventuales responsabilidades individuales y clarificar si se trató de un episodio de fuego amigo o de un error operativo.
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