La crisis financiera del sistema de salud en Antioquia volvió a quedar en el centro del debate público tras las declaraciones del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, quien describió las dificultades operativas derivadas de las deudas acumuladas por varias EPS intervenidas por el Gobierno nacional, según informó la Revista Semana.
De acuerdo con cifras consolidadas a septiembre de 2025, tres EPS intervenidas concentran una deuda cercana a 4,9 billones de pesos con la red pública y privada de salud en el departamento.
La información fue confirmada por la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, quien detalló que 6 billones de pesos corresponden a obligaciones con la red privada y 2 billones de pesos con la red pública.
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La funcionaria explicó que el origen principal de la crisis está asociado a las deudas acumuladas por Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, entidades que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Estas EPS concentran una parte significativa de los afiliados en el departamento y su cartera afecta directamente la operación de clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios.
En Antioquia, cerca de 3 millones de afiliados están vinculados a estas tres EPS. La Nueva EPS, que completa un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, es la entidad con mayor número de usuarios en el país y una de las que registra mayores pasivos con los prestadores del sistema.
Durante una rueda de prensa, el gerente del Hospital San Rafael expuso la situación particular de su institución y rompió en llanto al relatar las consecuencias humanas de la falta de pagos. “Les soy honesto, para mí fue muy duro este diciembre ver que mis funcionarios llegaban llorando: no tengo con qué comer, no tengo para el arriendo, no tengo para un aguinaldo para mi hijo, y decirles, no tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos, Savia Salud nos paga lo que ellos consideran que nos debe pagar, pero no lo que la norma dice”, afirmó Arroyave.
El directivo añadió que la situación ha impactado de forma directa a los trabajadores, quienes continúan prestando sus servicios pese a las dificultades económicas. “Para uno es muy duro como gerente ver a sus funcionarios desmayarse de hambre y siguen trabajando y no solo uno, sino que todos nos vemos demasiado afectados”, expresó durante su intervención.
Arroyave también se dirigió a los usuarios del sistema de salud y solicitó comprensión frente a las limitaciones actuales de los centros asistenciales. “Les pido mucha paciencia y que la gente entienda que no somos inhumanos, sino que no tenemos recursos para atenderlos, la Nueva EPS nos debe 8.750 millones de pesos, y no nos paga desde agosto o nos paga 50 millones de pesos de una deuda de casi 9 mil millones de pesos, es muy difícil trabajar así”, señaló.
Desde la Secretaría de Salud departamental se advirtió que los efectos de estas deudas ya son visibles en la operación del sistema. Según la entidad, la ocupación de los servicios de urgencias supera el 100 % en Antioquia, con un promedio del 110 % en el Valle de Aburrá y del 108 % en el resto del departamento.
Adicionalmente, se reportó el cierre de 877 servicios de salud durante 2025, lo que incluye camas hospitalarias, áreas de urgencias y algunos quirófanos, situación que ha reducido la capacidad de atención en varias subregiones. Estas cifras reflejan el impacto directo de la falta de liquidez sobre la prestación de servicios esenciales.
La problemática financiera también ha alcanzado a los bancos de sangre del departamento, a los que se les adeudan 26 mil millones de pesos, según lo expuesto por la Secretaría de Salud. Este panorama ha generado alertas sobre la sostenibilidad de servicios estratégicos para la atención de emergencias y procedimientos de alta complejidad.
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