María Fernanda Cabal criticó el ‘desecho’ de archivos secretos de alias Raúl Reyes contra políticos colombianos: “En EE. UU. los usan contra Maduro”

Después de que el país conociera nuevos detalles del indictment de la justicia de Estados Unidos contra el exdictador Nicolás Maduro, que incluyó los archivos incautados en 2008 al cabecilla de las extintas Farc “Raúl Reyes”, en Colombiano no se han hecho esperar las críticas.

Las revelaciones contenidas en los archivos del computador del exjefe internacional de las Farc integran hoy la base probatoria en el proceso judicial por narcoterrorismo que enfrenta Maduro en Estados Unidos.

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Aunque la evidencia informática estuvo en poder de las autoridades colombianas durante años, no recibió consideración judicial interna, en particular para la llamada ‘farcpolítica’.

Mientras tanto, el uso internacional de estos datos transformó el alcance y la proyección de las investigaciones, generando implicancias que todavía resuenan en la política regional.

Frente a las revelaciones, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó el actuar de la justicia colombiana, alegando una posible irregularidad en casos de alianzas entre la política y las economías ilícitas.

En su cuenta de X, la congresista aseguró las decisiones de los jueces, que declararon ilegal la incautación del computador de alias Raúl Reyes, habría ayudado a políticos a librarse de procesos legales. Incluso, cabal aseguró que varios de ellos seguirían en el ejercicio político.

“Mientras en los EE.UU usan archivos del computador del terrorista Raúl Reyes de las FARC para acusar al dictador Maduro; en este país decidieron declarar ilegal unas pruebas que demostraban cómo políticos de izquierda estaban relacionados con la guerrilla. Hoy siguen esos políticos en la impunidad y haciendo política”, señaló Cabal.

Qué encontraron en el computador de alias Raúl Reyes

El expediente norteamericano sobre Maduro reúne elementos entregados por exjefes de seguridad chavistas y exmiembros de las extintas Farc, quienes respaldaron la existencia de relaciones operativas y financieras entre funcionarios venezolanos y la entonces guerrilla.

Según investigaciones de la revista Cambio, en Colombia el caso fue archivado: la Corte Suprema declaró en 2011 que la confiscación de los computadores fue ilegal y su contenido carecía de valor probatorio nacional.

El general Óscar Naranjo, entonces director de la Policía, tramitó la certificación de Interpol para acreditar la integridad digital de los dispositivos, anticipando su utilidad para la cooperación internacional.

“La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la Operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro”, señaló el exdirector.

El material proviene de la Operación Fénix, realizada por fuerzas militares colombianas el 1 de marzo de 2008 en la región ecuatoriana de Angostura. La acción culminó con la muerte de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, y la incautación de tres computadores, dos discos duros y varias memorias USB atribuidas al dirigente guerrillero.

Los equipos contenían cientos de correos electrónicos, documentos privados e información confidencial. Entre los hallazgos figuraban registros de contactos políticos y flujos financieros de las Farc, además de comunicaciones que detallaban oferentes de ayuda desde el régimen venezolano.

A raíz del fallo judicial colombiano, la justicia estadounidense recopiló y sistematizó la evidencia de la Operación Fénix, ampliando luego el caudal informativo con datos de la Operación Sodoma de 2010, otra ofensiva militar que aportó nuevas comunicaciones.

El proceso investigativo internacional se expandió a otros capítulos: en 2012, la detención de Daniel ‘el Loco’ Barrera brindó pruebas sobre la operatividad financiera de las Farc con protección en Venezuela, mientras que el monitoreo a Iván Márquez en suelo venezolano reforzó la validez de las conexiones observadas.

El expediente sumó testimonios de generales y funcionarios desertores del chavismo. Clíver Alcalá Cordones y Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, tras ser extraditados a Estados Unidos, declararon sobre operaciones conjuntas entre la guerrilla y el Estado venezolano.

En uno de los episodios más recientes, Carvajal envió desde España un documento donde aseguraba que el chavismo financió movimientos de izquierda en América Latina durante más de quince años, incluyendo —según su testimonio— a Gustavo Petro. El presidente colombiano negó categóricamente esa versión y formalizó una solicitud de esclarecimiento.

Otros nombres también figuran en la trama. El empresario Alex Saab, capturado en 2020 y extraditado a Miami como acusado de ser testaferro del chavismo, aportó un enfoque financiero a las relaciones trianguladas entre Colombia, Venezuela y las rutas del narcotráfico. Estados Unidos liberó a Saab en 2023 por decisión política, sin agotar las aristas de ese expediente.

Mientras tanto, la posibilidad de reabrir investigaciones en Colombia quedó restringida por el sometimiento de exguerrilleros a la Jurisdicción Especial para la Paz. Óscar Naranjo reconoció al diario nacional que esta jurisdicción “impide caminos para que se reabran casos contra ellos”, aunque aclaró que otros ciudadanos no cobijados por la JEP pueden ser sujetos de nuevas indagaciones o cooperación con Estados Unidos.