Duvalier Sánchez pide salida del gerente del Fondo Milagro por salarios y baja ejecución

El representante a la Cámara Duvalier Sánchez pidió la renuncia de Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, al cuestionar la gestión de la entidad frente a la emergencia provocada por el terremoto. El congresista afirmó que resulta “insostenible” que Uribe continúe en el cargo por los altos salarios aprobados, la falta de ejecución efectiva y los retrasos en la atención de más de 500.000 víctimas en varias regiones del país.

Según información publicada por Blu Radio, las críticas surgieron después de conocerse respuestas oficiales a un derecho de petición sobre la estructura de nómina, los avances de reconstrucción y la ejecución de recursos del Fondo Milagro.

Sánchez sostuvo que el gerente no tendría experiencia probada en obras públicas ni en atención de emergencias humanitarias y atribuyó su llegada al cargo a su cercanía política con el presidente Abelardo de la Espriella.

“Yo creo que es insostenible que Jaime Andrés Uribe siga en el cargo. Yo creo que esta es una responsabilidad muy importante, es el reto más grande que tiene el gobierno en estos momentos”, afirmó el congresista.

También señaló que una mala gestión de la entidad afecta directamente a familias de Pereira, Chocó, el Eje Cafetero, el norte del Valle, Buenaventura y Cali que todavía necesitan soluciones de vivienda y reconstrucción.

Críticas por salarios y falta de ejecución efectiva

Uno de los principales cuestionamientos de Sánchez está relacionado con la escala salarial aprobada para el Fondo Milagro.

De acuerdo con los datos entregados por la propia entidad, el gerente percibiría cerca de 40 millones de pesos mensuales, mientras que su secretario privado recibiría otros 36 millones de pesos. Entre ambos cargos sumarían 76 millones de pesos al mes.

Además, 13 cargos de coordinación tendrían remuneraciones de entre 30 y 33 millones de pesos.

Sánchez cuestionó que esos salarios superen incluso los ingresos de un ministro y contrastó esas cifras con el discurso oficial de austeridad.

El congresista también citó la respuesta del organismo sobre su nivel de ejecución. Según afirmó, el Fondo Milagro reportó que, a la fecha, el valor de los pagos efectivos de caja era de cero pesos.

A partir de esa respuesta, Sánchez aseguró que todavía no se habrían entregado subsidios ni viviendas y que los avances reportados corresponderían principalmente a compromisos presupuestales y gastos de nómina.

También llamó la atención sobre la situación en Pereira. Según indicó, de más de 650 edificaciones autorizadas para demolición, solo dos tendrían contratos asociados a ese proceso.

Preocupación por contratación directa y recursos pendientes

Otro de los puntos señalados por el representante está relacionado con el manual de contratación directa y privada aprobado para ejecutar 621.000 millones de pesos antes del 31 de diciembre.

Sánchez manifestó preocupación por la rapidez con la que tendrían que comprometerse esos recursos y por los controles que deberían aplicarse durante el proceso.

También cuestionó la asignación de 61.000 millones de pesos al concepto de “líneas transversales”, al considerar que no existe una justificación técnica suficientemente detallada sobre el destino de esos recursos.

El congresista sostuvo que el Estado podría haber recurrido a mecanismos institucionales ya existentes, como Fiduvivienda o la cuenta de emergencias de la UNGRD, en lugar de concentrar la respuesta en una nueva estructura.

Sánchez insistió en que el terremoto fue un hecho impredecible, pero sostuvo que la respuesta institucional, la gestión y la ejecución de recursos sí dependen de las decisiones del Gobierno.

“Todos podemos entender que el terremoto es un hecho impredecible que le puede pasar a cualquier gobernante, pero la respuesta, la gestión y la ejecución sí es una decisión de quien gobierna”, señaló.

El representante pidió al presidente Abelardo de la Espriella tomar una decisión sobre la continuidad de Jaime Andrés Uribe y afirmó que el desempeño del Fondo Milagro debe medirse por la entrega efectiva de soluciones a los damnificados.

Las críticas se producen mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la estructura salarial de la entidad y por los tiempos de respuesta frente a la reconstrucción y asistencia a las más de 500.000 personas afectadas por el terremoto.