Los procesos judiciales que sacudirán a Colombia en 2026: del magnicidio de Miguel Uribe Turbay a Zulma Guzmán

El año judicial de 2026 se perfila como uno de los más decisivos y tensos de las últimas décadas en Colombia. En los despachos de jueces, tribunales y altas cortes confluyen procesos penales y constitucionales que no solo marcarán el rumbo de la justicia, sino que tendrán un impacto directo en la política, la economía y la estabilidad institucional del país.

Desde crímenes que estremecieron a la opinión pública hasta fallos que definirán el futuro de millones de colombianos, estos son los casos clave que concentrarán la atención nacional.

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El caso Zulma Guzmán: “La asesina de las frambuesas”

Uno de los procesos más impactantes que entrará de lleno en 2026 es el de Zulma Guzmán Castro, un expediente que parece sacado de una novela criminal por la frialdad de su ejecución y el perfil de la acusada.

Guzmán, economista y empresaria reconocida, fundadora de la plataforma de vehículos eléctricos Car B y figura pública tras su participación en Shark Tank Colombia, pasó de ser un símbolo de emprendimiento a convertirse en el rostro de uno de los crímenes más atroces de la justicia ordinaria reciente.

La Fiscalía la acusa del asesinato de dos menores, Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, así como del intento de homicidio de una tercera adolescente. Las víctimas murieron tras ingerir frambuesas congeladas de la marca Franui que llegaron a su vivienda como un supuesto regalo. Las investigaciones determinaron que la fruta estaba contaminada con talio, un metal pesado altamente tóxico y de difícil detección.

El ente acusador sostiene que el móvil habría sido pasional: Guzmán presuntamente mantenía una relación sentimental secreta con el padre de una de las víctimas y el ataque habría sido un acto de represalia motivado por celos. Tras los hechos, la empresaria huyó del país y pasó por varias naciones hasta ser capturada en Londres a finales de diciembre de 2025, luego de ser rescatada del río Támesis en circunstancias que aún generan interrogantes.

En 2026 se adelantará su proceso de extradición a Colombia y, de concretarse, iniciará un juicio que podría terminar en una condena superior a los 50 años de prisión, dada la gravedad de los delitos y la condición de las víctimas.

Álvaro Uribe Vélez: el desenlace en segunda instancia

Otro expediente que dominará la agenda judicial es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras la histórica sentencia de primera instancia emitida en agosto de 2025, que lo condenó a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal, el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá.

Durante 2026, los magistrados deberán resolver el recurso de apelación. Las opciones son claras y de enorme impacto político: confirmar la condena, lo que implicaría su captura o reclusión domiciliaria en firme, o absolverlo. La decisión se espera para el primer semestre del año, en plena campaña electoral, un contexto que augura una fuerte polarización y reacciones tanto de sus seguidores como de sus detractores.

Nicolás Petro y el juicio por los “narcopagos”

El proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, también entrará en su fase definitiva. Acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el caso se centra en el presunto ingreso irregular de cientos de millones de pesos a sus finanzas personales.

Las audiencias de juicio oral están programadas para los días 23, 24 y 26 de febrero de 2026. Tras múltiples aplazamientos durante 2025, el juez fue enfático en que no se admitirán nuevas dilaciones. La Fiscalía presentará pruebas sobre dineros que habrían provenido de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el Hombre Marlboro”, y del hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca. El desenlace tendrá repercusiones directas sobre la imagen del Gobierno y el discurso anticorrupción del oficialismo.

La Corte Constitucional y la reforma pensional

Más allá de los estrados penales, la Corte Constitucional protagonizará una de las decisiones más trascendentales del año. A finales de 2025, el alto tribunal suspendió provisionalmente la entrada en vigencia de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), que debía aplicarse plenamente desde julio de ese año.

En 2026, la Corte deberá decidir si la ley se declara inexequible por vicios de forma, particularmente por la falta de debate suficiente en la Cámara de Representantes. Si la reforma se cae, el sistema pensional volvería íntegramente a la Ley 100 de 1993, generando un complejo vacío jurídico respecto a los traslados de fondos que ya se habían iniciado.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Finalmente, el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, seguirá marcando la agenda nacional. En 2026 comenzará el juicio contra los autores materiales del crimen, entre ellos alias “El Costeño” y otros implicados ya capturados.

La mayor incógnita sigue siendo quién dio la orden. La Fiscalía deberá esclarecer si el magnicidio fue ordenado por la “Segunda Marquetalia” o si existió una conspiración política de mayor alcance, como sugieren algunas líneas de investigación. La verdad judicial de este caso será clave para entender el nivel de penetración del crimen organizado y la violencia política en la Colombia contemporánea.