Defensoría del Pueblo le ‘jaló’ las orejas a María Fernanda Cabal por comentarios sobre crímenes contra la Unión Patriótica: “El lenguaje importa”

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado público a la senadora María Fernanda Cabal por negar la responsabilidad internacional del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

Mediante un comunicado, la institución advirtió que los funcionarios deben acatar las sentencias internacionales, especialmente la dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que reconoció la responsabilidad estatal en estos hechos.

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Esta exhortación surgió después de que la senadora Cabal declarara a La Silla Vacía: “Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”. Cabal, del Centro Democrático, afirmó en una carta que ejercía su libertad de expresión y reiteró su posición, rechazando la solicitud de rectificación planteada por la Corporación Reiniciar.

La Defensoría del Pueblo recordó que la Corte IDH, en su sentencia “integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia” del 27 de julio de 2022, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano en el exterminio sistemático de la Unión Patriótica.

“Frente a ello, en el marco de las competencias constitucionales y legales de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos frente a actos o amenazas de cualquier autoridad o de los particulares y en ejercicio de la magistratura moral, (...) la Defensoría del Pueblo hace una exhortación pública a las autoridades y servidores públicos a respetar la verdad judicial de la mencionada sentencia”, señala el documento.

El fallo dispuso medidas de reparación y enfatizó la necesidad de que las autoridades cumplan con lo ordenado y no nieguen hechos ya acreditados judicialmente.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Memoria Histórica citado en la sentencia, la victimización de la UP tuvo cuatro etapas entre 1984 y 2002. De 1984 a 1988, predominó la violencia directa perpetrada por agentes estatales. Este periodo coincidió con el ascenso político de la UP.

Entre 1989 y 1994, los grupos paramilitares encauzaron la mayoría de los ataques, con episodios emblemáticos como el asesinato del senador Manuel Cepeda en 1994.

El periodo de 1995 a 1997, especialmente en la región de Urabá, fue el más violento: los grupos paramilitares cometieron el 83,5% de los casos registrados. De 1998 a 2002 se registró inicialmente una disminución en la violencia, pero persistieron amenazas y desplazamientos forzados. Según el informe, la estrategia consistió en violencia selectiva, desapariciones y asesinatos para debilitar el movimiento.

La Corte IDH señaló que la estigmatización, basada en asociar a la UP con grupos insurgentes, sirvió como justificación pública y política para los ataques. Ese discurso de deslegitimación alimentó la exclusión y la impunidad, calificando a los integrantes como “enemigos internos” y obstaculizando sus derechos políticos.

Entretanto, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de negar hechos acreditados judicialmente o reproducir discursos estigmatizantes desde cargos públicos. Sostuvo que esta actitud vulnera los principios democráticos, agrava la violencia selectiva y dificulta la recuperación de la memoria histórica.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que quienes ejercen funciones públicas tienen la responsabilidad de proteger el debate democrático, respetar la verdad histórica y abstenerse de difundir o justificar narrativas que minimicen crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a la sociedad y especialmente a los funcionarios para evitar declaraciones que nieguen el exterminio de la UP o la responsabilidad estatal, e instó a ejercer su magistratura moral conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales.

“Nuestro país ha experimentado las consecuencias más graves de la estigmatización política. La historia de la Unión Patriótica recuerda cada día que el lenguaje que deslegitima, acusa o deshumaniza a opositores por sus ideas crea condiciones propicias para la violencia, la exclusión y la persecución”, señaló la entidad.