Corte Constitucional inició el estudio del decreto de emergencia económica: qué sigue y posibles escenarios jurídicos

La Sala Plena de la Corte Constitucional realizó el 13 de enero de 2026 la sesión en la que se efectuó el reparto de los decretos legislativos expedidos en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social declarado en todo el territorio nacional. Este paso marca el comienzo formal del examen constitucional obligatorio que debe realizar el alto tribunal sobre este tipo de decisiones excepcionales del Ejecutivo.

El reparto incluyó, en primer lugar, el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, que quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, bajo el expediente RE-387.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En segundo lugar, se asignó el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”, al magistrado Juan Carlos Cortés González, dentro del expediente RE-388.

Este reparto activa el control automático de constitucionalidad previsto en la Carta Política para los decretos expedidos durante los estados de excepción, un procedimiento que no depende de demandas ciudadanas y que busca verificar si el Gobierno cumplió los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución.

El control de los decretos de emergencia se encuentra regulado principalmente por el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al presidente de la República para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico del país y que no puedan ser enfrentados mediante las competencias ordinarias del Estado.

De acuerdo con esta norma, la declaratoria tiene una duración máxima de 30 días, prorrogable hasta por 90 días en el año calendario, y los decretos legislativos que se expidan deben tener conexidad directa y específica con las causas que motivaron la emergencia. Además, dichas medidas deben ser temporales, necesarias y proporcionales, y no pueden suspender derechos humanos ni libertades fundamentales.

Una vez expedidos, todos los decretos legislativos deben ser remitidos de manera inmediata a la Corte Constitucional para que esta ejerza el control automático de constitucionalidad, el cual comprende tanto el análisis formal —competencia, firma, motivación y vigencia— como el análisis material de su contenido.

Etapas del proceso en la Corte Constitucional

Tras el reparto, cada magistrado ponente asume el estudio inicial del decreto asignado. En esta fase se ordena la práctica de pruebas, se solicitan conceptos a entidades públicas, universidades y organizaciones especializadas, y se abre un espacio para la intervención ciudadana, conforme a lo previsto en el Decreto 2067 de 1991, que regula los procesos ante la Corte Constitucional.

Con base en este material, el magistrado elabora un proyecto de decisión que es presentado a la Sala Plena. Allí, los nueve magistrados deliberan y adoptan una decisión que puede declarar el decreto exequible, exequible de manera condicionada o inexequible, total o parcialmente.

En este tipo de procesos, la Corte evalúa si las causas invocadas por el Gobierno cumplen con el estándar constitucional de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles, así como si las medidas adoptadas guardan una relación directa con la superación de la crisis declarada.

Suspensión provisional como escenario jurídico

Dentro del control automático, la Corte Constitucional también puede evaluar la aplicación de la figura de la suspensión provisional, prevista en su jurisprudencia reciente. Esta posibilidad se activa cuando, de manera preliminar, se advierte una apariencia de inconstitucionalidad y un riesgo de que el decreto produzca efectos jurídicos irreversibles antes de que se adopte una decisión de fondo.

La suspensión provisional no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto, sino una medida cautelar orientada a preservar la supremacía de la Constitución mientras se completa el análisis integral del caso. De ser adoptada, los efectos del decreto quedarían temporalmente en pausa hasta que la Corte emita sentencia.

Revisión de medidas tributarias y respeto al precedente

En el caso del Decreto Legislativo 1474 de 2025, la Corte deberá examinar de manera específica las medidas tributarias adoptadas durante la emergencia. Este análisis incluye la verificación del respeto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva, consagrados en el artículo 363 de la Constitución.

Adicionalmente, el alto tribunal debe verificar que las disposiciones no desconozcan precedentes constitucionales vigentes. La jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que el Gobierno no puede, mediante decretos de emergencia, reintroducir normas que ya hayan sido declaradas inexequibles, ni reproducir su contenido material, pues ello vulnera el principio de cosa juzgada constitucional.

Con el reparto ya realizado, el proceso entra ahora en una fase técnica y deliberativa que será determinante para definir el alcance jurídico del Estado de Emergencia Económica y Social. Las decisiones que adopte la Corte Constitucional no solo establecerán la validez de los decretos específicos, sino que también fijarán criterios relevantes sobre el uso de las facultades excepcionales del Ejecutivo dentro del marco del Estado Social de Derecho.