Plan de “democratización” de la deuda eléctrica impulsado por el Gobierno Petro desató el rechazo de los comercializadores: “Es inconstitucional”

La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce) expresó su rechazo al proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Minas y Energía que plantea trasladar a los usuarios del servicio de energía eléctrica las deudas acumuladas por empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), como Air-e.

La iniciativa contempla un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de recaudar recursos para cubrir dichas obligaciones.

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De acuerdo con el documento, que permanecerá disponible para comentarios hasta el 22 de enero de 2026, la medida tendría carácter temporal y operaría mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reglamenta la confiabilidad para la mitigación del riesgo sistémico. En ese periodo, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) estaría encargado de recaudar el valor adicional entre la demanda del SIN, incorporándolo como un componente complementario dentro de las restricciones del sistema.

El proyecto del Gobierno establece que el recaudo del valor de $8 por kilovatio-hora se aplique a todos los usuarios conectados al SIN, sin distinción de estrato, tipo de consumidor o nivel de consumo. Según la propuesta, el objetivo es atender las deudas generadas por empresas del sector eléctrico que se encuentran bajo intervención de la Sspd, como una medida para asegurar la continuidad del servicio y mitigar riesgos sistémicos.

Objeciones jurídicas

La Acce manifestó que la iniciativa es “abiertamente inconstitucional”, al considerar que constituye un acto de carácter tributario que solo puede ser aprobado por el Congreso de la República y no por una autoridad administrativa. El gremio indicó que el cobro adicional propuesto reúne las características de un tributo, al ser obligatorio, general y destinado a financiar una necesidad pública específica.

Además, la asociación advirtió que la medida tendría un impacto desproporcionado en hogares y empresas, con efectos directos sobre los usuarios finales del servicio de energía eléctrica. Según Acce, el traslado de estas deudas a la tarifa contraviene los principios de equidad y solidaridad consagrados en la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios en Colombia.

En particular, el gremio citó el artículo 94 de dicha ley, el cual establece que, conforme a los principios de eficiencia y suficiencia financiera, y “dada la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades”. Para la Acce, el proyecto de resolución desconoce de manera directa esta disposición legal.

Propuestas alternativas del gremio

La asociación también cuestionó que la medida propuesta socialice las pérdidas derivadas de la gestión de empresas intervenidas, trasladando el costo a la demanda del sistema. En ese sentido, señaló que el mecanismo planteado no corrige fallas estructurales del mercado ni genera incentivos para la inversión, al tiempo que podría afectar la confianza en las instituciones encargadas de la regulación del sector eléctrico.

Como alternativas, la Acce presentó una serie de propuestas orientadas a atender la situación financiera de las empresas intervenidas sin trasladar el impacto a los usuarios. Entre ellas, planteó la reestructuración de la deuda, mediante negociaciones directas con los acreedores para modificar condiciones de pago, extender plazos y renegociar tasas de interés, con el fin de aliviar la presión financiera sin afectar las tarifas.

Asimismo, propuso la creación de un fondo de rescate sectorial financiado por el Gobierno Nacional, con recursos provenientes de fuentes alternativas, como impuestos específicos al sector energético o aportes de las empresas que participan en el mercado mayorista. Este fondo permitiría cubrir las deudas acumuladas y garantizar la continuidad del servicio.

Otra de las alternativas señaladas fue la promoción de inversión privada en las empresas intervenidas, a través de incentivos como beneficios fiscales, garantías estatales o esquemas de asociación público-privada, para que el capital privado asuma parte de la deuda y contribuya a la recuperación financiera. También se mencionó la optimización operativa, mediante medidas de eficiencia que reduzcan costos y aumenten ingresos, incluyendo la disminución de pérdidas técnicas y no técnicas y la adopción de tecnologías que incrementen la productividad.

Finalmente, en caso de que resulte inevitable trasladar una parte del costo a los usuarios, la Acce sugirió la aplicación de subsidios focalizados dirigidos a los hogares más vulnerables, con el propósito de minimizar el impacto económico sobre quienes tienen menor capacidad de pago.

Al cierre de su pronunciamiento, el gremio hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg para reconsiderar la propuesta y avanzar en soluciones que garanticen la sostenibilidad del servicio eléctrico sin afectar la economía de los usuarios, reiterando que “cuando el diseño falla, paga la demanda”.

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