El principal señalado por el feminicidio de la patrullera Vanessa de León Pertuz, el dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)Giovanni Mauricio Durán Quintero, fue encontrado sin vida en la Cárcel Judicial de Valledupar.
El hallazgo ocurrió en la mañana del viernes 9 de enero, mientras seguía adelante la investigación judicial que conmocionó a Valledupar y al entorno policial.
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Las autoridades barajan la hipótesis de suicidio como causa preliminar de la muerte de Durán Quintero, pero la confirmación oficial está aún pendiente. Personal de custodia localizó el cuerpo en un baño del centro penitenciario durante una ronda de inspección rutinaria.
Tras conocer los hechos, se pusieron en marcha acciones para aclarar con precisión las circunstancias del fallecimiento e investigar posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.
El crimen de Vanessa de León Pertuz, de 25 años, ocurrió el 29 de noviembre de 2025, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar.
La patrullera, adscrita a la Policía Comunitaria de Chimichagua, fue agredida con un arma blanca en su domicilio por quien era su pareja sentimental. Autoridades y familiares señalaron que mantenían una relación de aproximadamente ocho años y tenían un hijo de cinco.
Después del ataque, el presunto agresor intentó suicidarse al saltar desde un piso, pero sobrevivió y fue capturado bajo custodia médica. La víctima se encontraba de descanso el día del crimen, lo que causó un fuerte impacto entre sus compañeros y la comunidad.
Ambos, víctima y victimario, eran servidores públicos. Durán Quintero era dragoneante activo del Inpec cuando ocurrió el feminicidio y De León Pertuz pertenecía a la Policía Nacional. Este caso ha impulsado el debate sobre la prevención de la violencia intrafamiliar dentro del Estado y la protección efectiva a las víctimas.
El hallazgo del cuerpo de Durán Quintero renovó los reclamos de justicia por parte de familiares de la joven y de la sociedad civil. Exigen que el caso no quede en la impunidad y piden esclarecer tanto la muerte de la patrullera como las circunstancias del proceso contra el dragoneante.
En redes sociales y entrevistas recogidas por El Universal, se reflejan expresiones de duelo y exigencia, como el mensaje: “No merecías ese curso, tenías una vida por delante y tu bebé te necesitaba, ve con Dios De León”.
La muerte de Durán Quintero motivó investigaciones adicionales sobre posibles debilidades en los procedimientos internos de seguridad y vigilancia en la cárcel.
La pérdida de la patrullera Vanessa de León Pertuz suscitó homenajes, manifestaciones y un firme repudio social tanto en Valledupar como en el departamento del Cesar.
La Fiscalía atribuye a Aldana Vargas tentativa de feminicidio contra su pareja: le propinó 50 puñaladas
Un juez envió a prisión preventiva a César Camilo Aldana Vargas tras determinar su responsabilidad en el ataque con arma blanca que dejó en estado crítico a Sandra Milena Castro Quiñónez, hechos registrados el 1 de enero en Engativá, sector occidental de Bogotá.
El agresor propinó más de 50 puñaladas a su pareja en la vivienda que compartían, lo que le provocó lesiones a la mujer, especialmente en el rostro, cuello, abdomen y extremidades, según informó la Fiscalía General de la Nación.
El caso ha cobrado notoriedad por antecedentes previos de violencia física y psicológica ejercidos por Aldana Vargas sobre la víctima, como revelan las pruebas recopiladas por las autoridades judiciales.
El testimonio de la hermana de Castro Quiñónez aportado a El Tiempo sostiene que el ataque fue premeditado: “Tenía todo planeado”, declaró, y agregó que su carácter era “muy celoso”, reforzando la hipótesis de una agresión deliberada. La víctima alertó en el pasado sobre los celos y el control ejercido por su pareja.
Luego del ataque, Aldana Vargas huyó del lugar, pero el 7 de enero se presentó voluntariamente ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, donde fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras hacerse efectiva la orden judicial. Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada, lo que derivó en su reclusión en un centro penitenciario de Bogotá.
Castro Quiñónez permanece hospitalizada bajo vigilancia médica, mientras familiares y allegados exigen justicia y mayores garantías de protección. La denuncia pública de la familia y la gravedad de los hechos han reavivado el debate sobre la necesidad de detectar y actuar frente a patrones de violencia en entornos familiares, según detalló El Tiempo.
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