Contraloría advierte que FonIgualdad solo ejecutó el 3% de los recursos y dejó sin avance casi la mitad de sus programas

La Contraloría General de la República encendió las alarmas por la baja ejecución presupuestal del FonIgualdad, el fondo adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad, encargado de financiar programas sociales dirigidos a mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas y población campesina.

Según el más reciente informe del organismo de control, el bajo nivel de ejecución pone en riesgo el impacto real de estas iniciativas en los territorios.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Contraloría, para la vigencia 2024 el FonIgualdad contó con una apropiación cercana a los 1,9 billones de pesos.

Sin embargo, los resultados fueron limitados: solo el 25% de esos recursos fue comprometido contractualmente, el 13% se obligó y apenas el 3% se pagó efectivamente. Para el ente de control, estas cifras evidencian serias falencias en la planeación y ejecución del gasto público.

La auditoría, divulgada el 7 de enero de 2025, reveló además que 12 de los 25 programas previstos no registraron ningún nivel de ejecución durante el periodo evaluado.

Esta situación contrasta con el desempeño de dos de las principales apuestas del Ministerio: Jóvenes en Paz, que alcanzó un nivel de cumplimiento del 87%, y el Programa Nacional del Cuidado, con un 85%. Aun así, estos avances puntuales no lograron revertir la tendencia general de baja ejecución.

Uno de los casos que más llamó la atención de la Contraloría fue el del Programa Jóvenes en Paz, específicamente por deficiencias en la planeación de un convenio suscrito hacia el final del año fiscal.

El acuerdo, firmado entre el FonIgualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz (Uttp) por un valor de 175.311 millones de pesos, presentó una ejecución inferior a los objetivos establecidos inicialmente, según el informe del organismo de control.

En su pronunciamiento, la Contraloría fue contundente al señalar que el fondo no realizó una gestión adecuada de los recursos.

“La entidad —FonIgualdad— no realizó una adecuada gestión, al evidenciarse que utilizó recursos para atender el 25% de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros”, indicó textualmente el ente de control.

Frente a estos cuestionamientos, el FonIgualdad explicó que su naturaleza jurídica es distinta a la de otras entidades del Estado.

Al tratarse de un patrimonio autónomo creado mediante un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, el fondo no se rige por el principio de anualidad presupuestal. Por esta razón, parte de los recursos asignados en 2023 fueron ejecutados durante 2024.

Según esa aclaración, el Ministerio realizó en diciembre de 2023 una transferencia por 469.047 millones de pesos, de los cuales durante 2024 se ejecutó el 25,3%, equivalente a 118.652 millones de pesos.

No obstante, la Contraloría sostuvo que, incluso teniendo en cuenta este contexto, los resultados siguen siendo insuficientes frente a los objetivos trazados.

El informe también hizo una diferenciación entre los tipos de gasto. En gastos de funcionamiento, la ejecución fue alta y alcanzó el 98%, representada en compromisos por 13.040 millones de pesos.

Sin embargo, en gastos de inversión persisten los principales problemas estructurales: casi la mitad de los programas (12 de 25) no muestran ningún avance durante el periodo auditado, lo que limita de manera directa el alcance social del fondo.

Para la Contraloría, esta situación tiene repercusiones inmediatas en los sectores priorizados, pues la falta de ejecución impide que los recursos lleguen oportunamente a las poblaciones que enfrentan mayores niveles de desigualdad.

En su conclusión, el organismo señaló que, pese a los recursos transferidos y a la razón de ser del FonIgualdad, la gestión no fue suficiente para reducir las brechas poblacionales y territoriales que justificaron su creación.

En medio de este contexto, las críticas políticas no se han hecho esperar. El concejal de Bogotá Daniel Briceño se sumó al debate a través de su cuenta en X, donde escribió: “Una de las primeras cosas que debe hacer el próximo gobierno es acabar el inútil Ministerio de la Igualdad”.