Ministerio de Salud defendió el aumento de la UPC, pese a críticas de gremios: culpó a las EPS de malgastar los recursos

Una semana después de que el Gobierno nacional publicara el incremento definitivo que regirá en 2026 para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero con el que las EPS mantienen sus servicios activos a los colombianos inscritos en el régimen contributivo y subsidiado de salud, el Ministerio de Salud salió en defensa de su decisión, pese a las críticas de los gremios asociados al sistema.

A través de un comunicado, la cartera aseguró que el incremento está sustentado en ecuaciones fiables y con datos oficiales, cumpliendo con las exigencias de la Corte Constitucional, además de responsabilidad a las EPS de “malgastar” los recursos asignados por el Ejecutivo.

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La cartera hizo énfasis en que el problema estructural no reside en la cantidad de recursos asignados, sino en la administración realizada por las EPS. “El problema no es la plata, es cómo la usan las EPS”, afirmó el Ministerio, señalando prácticas históricas como el reporte de servicios a personas ya fallecidas y la declaración de valores por encima de los precios reales del mercado. Estos hechos, según la autoridad sanitaria, han generado “pérdidas multimillonarias” y continúan afectando la sostenibilidad del sistema.

“Insistir en que el problema es cuánto gira la ADRES, cuando en 2026 transferirá más de 101 billones de pesos, es una forma de evadir responsabilidades. El problema no es el giro, sino el uso de esos recursos por parte de las EPS, y la falta de resultados acordes con el dinero público recibido”, señaló la cartera.

El informe oficial advirtió que, entre 2022 y 2026, el presupuesto destinado a salud creció un 51,4% en términos reales, lo que equivale a 25 billones de pesos adicionales y representa 1,4 puntos del PIB a precios de 2025.

Según indicó la cartera de Salud, en ese mismo lapso, la UPC aumentó un 30,4%, sumando 22,9 billones de pesos (1,3 puntos del PIB). Además, aseguró que la transferencia operativa de la Adres para 2026 superará los 101 billones de pesos.

El Ministerio defendió también la decisión de equiparar la “prima pura” del régimen subsidiado al 95% de la del contributivo, cumpliendo así con las órdenes de la Corte Constitucional y reduciendo la brecha a un nivel “sin precedentes”.

Días atrás, cuando el Gobierno anunció el incremento de la UPC para 2026, las críticas de los gremios no se hicieron esperar. Acemi y la Andi habían planteado que el ajuste necesario debía ubicarse entre el 15% y el 17%, mientras que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) reclamó un incremento alineado con el aumento del salario mínimo, decretado en 23% para 2026.

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, reconoció que el alza para el régimen subsidiado representaba un avance parcial, pero calificó el 9% aprobado para el contributivo como insuficiente.

“El 9% está muy lejos del diecisiete punto tres que fue el que calculamos desde Acemi con base en la información de gasto de las EPS de este régimen”, explicó Vesga. Añadió que este desfase podría traducirse en costos adicionales cercanos a los cinco billones de pesos, agravando el desequilibrio financiero.

Sin embargo, la cartera de Salud argumentó que el ajuste cumple con las disposiciones de la Corte Constitucional y responde a criterios técnicos. Además, advirtió que los reclamos sobre una supuesta insuficiencia de la UPC buscan desviar la atención de lo que se calificó como un “problema estructural de fondo”.

El Ministerio expuso que, desde hace años, las EPS —representadas por gremios como Acemi— presentan “información con inconsistencias graves”, lo que habría generado “pérdidas multimillonarias y pone en riesgo la atención de los pacientes”.

Entre las prácticas detectadas por las autoridades, se destacan pagos asociados a personas fallecidas y supuestos reportes de servicios básicos con valores por encima de los precios reales del mercado.

“Estas prácticas, acumuladas durante años, explican buena parte del desequilibrio financiero que hoy algunos pretenden trasladar al Estado, sin asumir responsabilidades”, destacó la entidad.

Frente a la distribución de los recursos, el Ministerio diferenció el giro que realiza la Adres de la definición de la UPC, aclarando que “confundir el giro de recursos con la definición de la UPC no solo es incorrecto, sino engañoso”. Para 2026, la Adres transferirá más de 101 billones de pesos, y, según la entidad, el desafío está en los resultados que logran las EPS con esos fondos públicos.

En cuanto a la metodología para calcular la UPC, el Ministerio sostuvo que no se trata de una decisión arbitraria. “El cálculo se realiza con base en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales”, siguiendo los lineamientos de estudios actuariales previos y los criterios técnicos exigidos por la Corte Constitucional.

“Cuestionar esta metodología implica desconocer que fue precisamente el análisis de esos datos el que dejó en evidencia inconsistencias graves en el manejo de los recursos”, indicó el comunicado.

La cartera también respondió a quienes proponen que el incremento del salario mínimo sea el único parámetro para calcular la UPC. Según el Ministerio, esta posición “es antitécnica y limitada”, ya que ignora la naturaleza del riesgo asegurado y los componentes administrativos y de intermediación que se incluyen en la prima.

Finalmente, el Ministerio reiteró que los recursos del sector salud “pertenecen a la ciudadanía y deben ser administrados con transparencia y responsabilidad”, afirmando que el debate no debe centrarse únicamente en la solicitud de mayores recursos, sino en la rendición de cuentas sobre la gestión de los mismos.