Una corrida de toros realizada en el municipio de Barbosa, Santander, durante las festividades de inicio de año derivó en acciones legales y disciplinarias anunciadas por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, contra el alcalde Marco Alirio Cortés.
La congresista cuestionó la legalidad del evento, denunció presuntas agresiones y burlas hacia ciudadanos que protestaban y aseguró que los hechos contravienen la normativa vigente que prohíbe este tipo de espectáculos en el municipio.
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La senadora publicó un video en su cuenta de X, en el que se observan escenas de la corrida y momentos de confrontación entre asistentes y personas que rechazaban su realización. De acuerdo con Hernández, el evento se llevó a cabo sin cumplir los requisitos exigidos por la ley y pese a advertencias previas de las autoridades de control.
En su publicación, la senadora señaló que el alcalde permitió una corrida “ilegal” y afirmó que durante el desarrollo del evento se produjeron hechos de maltrato animal y confrontaciones con ciudadanos.
En el video, Hernández expresó por partes que se trató de una actividad realizada “para masacrar animales” y que incluso “permitió que acorralaran a un torito incluso antes de bajarse del camión”, agregando que el animal “estaba completamente aterrorizado”.
Denuncias anunciadas por la senadora
En el mismo pronunciamiento, la congresista indicó que ya se interpusieron acciones ante las autoridades competentes. Según manifestó, “ya lo hemos denunciado por presunto prevaricato ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria en la Procuraduría esperando que se tomen todas las sanciones que correspondan a este caso”.
Hernández sostuvo además que el alcalde se habría burlado de quienes se oponían al evento. En el registro audiovisual se escuchan gritos de protesta dirigidos al mandatario local, mientras la senadora afirmó que el funcionario “faltó al respeto, se burló y agredió a la ciudadanía que protestaba por la corrida ilegal”. En otro fragmento, advirtió que el alcalde no podía “burlarse de la ciudadanía y de la ley”, en referencia a la normativa que prohíbe las corridas de toros en determinadas condiciones.
La senadora también aludió a antecedentes judiciales y disciplinarios del mandatario local, señalando que estos hechos “se suman al prontuario” del alcalde, quien, según dijo, ha sido denunciado o investigado por distintos presuntos delitos y faltas administrativas. Estas afirmaciones fueron realizadas dentro del contexto de su anuncio de acciones legales y no corresponden a decisiones judiciales en firme mencionadas en el pronunciamiento.
Hechos ocurridos durante la corrida
Imágenes registradas al interior de la plaza de toros en Barbosa muestran enfrentamientos físicos entre asistentes, algunos de ellos aparentemente en estado de embriaguez, lo que derivó en una batalla campal.
Pese a la violencia evidenciada en los videos difundidos en redes sociales, las autoridades locales informaron que no se reportaron personas con heridas de gravedad que requirieran traslado a centros asistenciales. No obstante, los hechos generaron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y la organización del evento.
La controversia se intensificó por señalamientos relacionados con la llegada del alcalde al lugar de la corrida, pues sectores políticos y ciudadanos indicaron que el mandatario habría asistido, al parecer, en estado de alicoramiento. Estas versiones circularon en redes sociales y motivaron pronunciamientos de rechazo por parte de ambientalistas y líderes políticos.
Apertura de investigación en la Procuraduría
El viernes 2 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una acción disciplinaria contra funcionarios por determinar de la alcaldía de Barbosa, con el fin de establecer si se cumplieron todos los requisitos para la realización de la corraleja efectuada el 1 de enero. El ente de control indicó que la indagación previa busca constatar si el municipio contaba con los permisos y documentos necesarios.
Asimismo, la Procuraduría Provincial de Vélez investiga si la administración municipal disponía de la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual y si existía una tradición continuada e ininterrumpida en actividades taurinas.
El Ministerio Público recordó que, mediante oficio del 29 de diciembre de 2025, ya había advertido al alcalde sobre estos requisitos en el marco de sus acciones preventivas.
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