La juez 79 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos en el caso de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, que enfrenta un proceso por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La defensa de Ortiz, encabezada por el jurista Mauricio Camacho, presentó la solicitud argumentando que se habría superado el plazo legal para mantenerla privada de la libertad.
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La juez determinó que no se cumplen los requisitos para acceder a la libertad bajo este concepto, ya que la normativa exige que transcurran 240 días y ese periodo no ha finalizado.
Durante la audiencia, la funcionaria judicial explicó que solo han pasado 158 días desde la fecha considerada inicial para el conteo, por lo que “no está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero hoy han pasado”.
La juez también señaló que los plazos procesales deben atribuirse a la parte que los provoque, en este caso, a la defensa de Ortiz, debido a los aplazamientos solicitados y la priorización de otras diligencias.
“Se le atribuye el término a la parte o al sujeto procesal que lo haya propiciado. Entonces, es claro acá, que esa fue, en su momento, la opción o la decisión que tomó quien entonces fungía como apoderado de la señora Sandra Liliana, dar prevalencia a su otra diligencia, digámoslo así, con relación a la de la señora Sandra, que se sabía que era una persona que estaba privada de la libertad”, indicó la juez.
En la misma audiencia, permanece en discusión la solicitud de medida sustitutiva de prisión domiciliaria para Sandra Ortiz, que sigue vinculada al proceso penal por los hechos relacionados con la Ungrd.
Acusaciones de la Fiscalía y contexto judicial
Sandra Ortiz enfrenta un proceso penal vinculado a supuestos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante el periodo comprendido entre mayo de 2023 y mayo de 2024, Ortiz se desempeñó como consejera presidencial para las Regiones. Actualmente, la Fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por parte de un funcionario público.
Ortiz permanece detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se centra en hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando presuntamente intervino en la gestión de 3.000 millones de pesos, fondos que habrían sido entregados al entonces titular del Congreso de la República en el contexto de un contrato irregular de carrotanques adjudicado por la Ungrd.
El proceso también involucra a los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes también se encuentran bajo detención. Según la hipótesis de la Fiscalía, Ortiz habría recibido sumas de dinero en efectivo los días 12 y 13 de octubre de ese año, para luego trasladarlas a la residencia de Iván Name, quien presidía el Senado en ese momento. Ortiz ha rechazado estas acusaciones tanto en audiencias como en declaraciones públicas.
La audiencia preparatoria fue reprogramada para el miércoles 11 de febrero de 2026, en una jornada que se extenderá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, las audiencias inicialmente pautadas para el 9 y 10 de diciembre se pospusieron para el 18 de febrero y el 4 de marzo del próximo año, respectivamente.
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