En medio de la ola de violencia en el Catatumbo, Gustavo Petro prorrogó la Zona de Ubicación Temporal de las disidencias de las Farc

En pleno escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, el Gobierno nacional formalizó la prórroga del plazo para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada al Frente 33, estructura perteneciente a la disidencia del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF).

La decisión fue adoptada mientras esa organización mantiene enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), choques que han generado nuevos desplazamientos forzados y alertas humanitarias en Norte de Santander.

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La ampliación fue oficializada mediante la Resolución 474 de 2025, firmada el 23 de diciembre por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de “continuar con el alistamiento para el ingreso” de los integrantes del Frente 33 a la zona acordada. La medida extiende por siete meses adicionales el plazo inicialmente previsto para la adecuación de este espacio en el área rural del municipio de Tibú.

Según información suministrada por las autoridades, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN han dejado al menos 300 personas desplazadas en los últimos días. La situación ha despertado preocupación institucional debido a que los choques armados recuerdan la crisis humanitaria registrada a comienzos de este año en la misma región, cuando ambos grupos protagonizaron acciones que afectaron de manera directa a la población civil.

Antecedentes de la Zona de Ubicación Temporal

La Zona de Ubicación Temporal fue pactada en mayo de 2025 como parte del proceso de paz adelantado entre el Gobierno nacional y el Frente 33, estructura armada comandada por alias Calarcá Córdoba. El acuerdo se concretó tras una reunión extraordinaria realizada en San José de Cúcuta, en la que participaron delegados del Ejecutivo y representantes de esa organización armada.

En ese contexto, el Gobierno expidió la Resolución 161 de 2025, mediante la cual autorizó la creación de la ZUT por un periodo inicial de siete meses en zona rural de Tibú. El documento estableció, además, un plazo de 45 días para que los integrantes del Frente 33 se trasladaran al área designada, como parte de los compromisos asumidos en la mesa de diálogos.

No obstante, ese plazo venció el 7 de julio sin que se reportaran avances significativos en el traslado de los combatientes ni en la estructuración del plan integral de desarrollo asociado a la zona. De acuerdo con lo señalado en la nueva resolución, entre mayo y noviembre de 2025 el Gobierno, a través de la Mesa de Diálogos de Paz, sostuvo distintos encuentros con el Frente 33 con el propósito de avanzar en la preparación logística y operativa necesaria para el ingreso de sus integrantes a la ZUT.

Tras conocerse la decisión del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo se pronunció públicamente y recordó que desde el inicio había advertido sobre los riesgos que la implementación de estas zonas podría representar para las comunidades asentadas en los territorios donde se ubicarían.

La entidad manifestó su preocupación por la prórroga de la ZUT, especialmente en un contexto marcado por los recientes combates entre ambas organizaciones armadas ilegales. Según el organismo, los hechos evidencian que la violencia persiste en la región y que las condiciones de seguridad para la población civil no están garantizadas.

Escalada de violencia y crisis humanitaria

Sumado a lo anterior, el martes 30 de diciembre, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, alertó sobre un nuevo agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Según informó, un reciente desplazamiento forzado dejó al menos 100 familias que llegaron a Cúcuta y otras 15 a Ocaña en un solo día, mientras que varias comunidades permanecen confinadas en zonas rurales de Tibú.

“La situación en el Catatumbo sigue crítica”, señaló Marín, al explicar que estas familias se sumaron a las que ya habían llegado desplazadas en jornadas anteriores, así como a quienes lograron refugiarse en el casco urbano de Tibú. De acuerdo con la Defensoría, la intensidad de los enfrentamientos ha impedido la movilidad de la población civil, agravando el riesgo humanitario.

La funcionaria advirtió que existen comunidades que no lograron huir y permanecen atrapadas en sus territorios debido a la continuidad de los combates, el uso de drones y la toma de poblaciones por parte de grupos armados. Esta situación, indicó, ha limitado la respuesta institucional y humanitaria en varias zonas rurales del municipio.

El pronunciamiento se dio en medio de una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN han provocado desplazamientos sucesivos desde el 24 de diciembre, particularmente en sectores como La Gabarra y Pacheli, dejando a la población civil expuesta al fuego cruzado en un contexto de persistente confrontación armada.