En alocución presidencial, transmitida el lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo para 2026 quedará en $1.746.880 y, con el auxilio de transporte, la cifra total llegará a $2.000.000.
La decisión generó críticas en distintos sectores del país, incluido el partido Centro Democrático.
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En su cuenta oficial de X, la colectividad afirmó que el Gobierno nacional les “faltó” a los colombianos y señaló que prefirió el “derroche, la burocracia y la corrupción”.
Según el Centro Democrático, ahora quieren “cargar” contra el empleo en Colombia.
“El gobierno Petro prometió dar un ingreso mínimo vital, pero le faltó a los colombianos. Prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción. Ahora pretender cargar ese costo al empleo”, señaló la colectividad.
Para el Centro Democrático, cuando el aumento del salario mínimo no viene acompañado de austeridad y apoyo a las microempresas, existe el riesgo de perder puestos formales.
Según la colectividad, los negocios pequeños, las tiendas y las peluquerías serían los más afectados por el aumento del salario mínimo.
“Cuando los incrementos del salario mínimo no van acompañados de austeridad y apoyo real a las microempresas, el riesgo es que se pierdan puestos formales. Tiendas, peluquerías y pequeños negocios —que representan cerca del 80% del tejido empresarial del país— son quienes más sienten el impacto", aseguró el Centro Democrático.
El líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también se sumó a las críticas contra el Gobierno nacional por el aumento del 23% en el salario mínimo.
En una primera publicación en X, Uribe Vélez señaló que “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”.
Acto seguido, el exmandatario colombiano (2002-2010) señaló: "Hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen“.
El expresidente Álvaro Uribe en otra publicación anunció que dará un anuncio el miércoles 31 de diciembre, asegurando que Gustavo Petro fue el supuesto profesor de Hugo Chávez.
“Con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez. Voy a preguntar a los economistas del empleo para decir algo mañana”, aseveró Uribe Vélez.
Otras críticas
Las reacciones tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo fueron mayoritariamente críticas y evidenciaron una fuerte oposición desde varios sectores políticos. Diversos líderes y congresistas manifestaron su desacuerdo, argumentando posibles efectos contraproducentes para la economía colombiana.
Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su perfil en X, calificó la medida como irresponsable y advirtió que el próximo gobierno tendría que asumir las repercusiones. Briceño propuso que la única manera de mitigar el impacto sería recortar el gasto público y reducir impuestos a las empresas.
Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, llevó la crítica al plano ideológico. En su cuenta de X, equiparó la política de Petro con el chavismo, sugiriendo que la medida refleja tendencias populistas similares a las que condujeron a Venezuela a una profunda crisis económica.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, también se sumó a las voces críticas. Señaló que el aumento del salario mínimo, anunciado junto a emergencias fiscales para subir impuestos, podría anular el supuesto beneficio para los trabajadores. Motoa sugirió que, si se busca realmente mejorar el poder adquisitivo, el Ejecutivo debería abandonar las medidas de excepción y permitir que los resultados se reflejen en la economía cotidiana.
Christian Munir Garcés, del Centro Democrático, destacó que la decisión del gobierno ignoró las advertencias de empresarios y expertos. Garcés sostuvo que un incremento tan elevado podría generar desempleo y perjudicar a los trabajadores que el gobierno asegura proteger, y calificó la medida como un acto de populismo salarial.
En conjunto, las críticas apuntan a que el incremento puede tener consecuencias económicas negativas y a que responde más a intereses políticos que a soluciones sostenibles para el país.
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