
El lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro informó que el salario mínimo para 2026 será de $1.746.880 y, con el auxilio de transporte, la cifra total llegará a $2.000.000.
Al respecto, la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) dio a conocer un comunicado en el que advierte posibles adversidades para el empleo formal y la economía colombiana.
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Según AmCham, el incremento del 23% del salario mínimo para 2026 podría afectar el empleo y la continuidad de muchas compañías en el país.
“El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. En ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar", indicó la organización.
Y agregó: “La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo”.

Asimismo, expresaron que les preocupa que, con la decisión del Gobierno nacional, en la práctica “se esté cambiando la forma de definir el salario mínimo por fuera de lo previsto en la Constitución y la Ley 278, que exigen concertación y el uso de variables como inflación, productividad, crecimiento y situación del empleo”.
AmCham aseguró que la referencia al “ingreso vital” no es obligatoria, lo que genera, según la organización, “incertidumbre” sobre la estabilidad de las reglas laborales en Colombia.
“La referencia al ‘ingreso vital’ de la OIT puede ser un insumo técnico, pero su metodología no es obligatoria: el marco vigente sigue siendo la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996. Convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores”, señaló AmCham.
Y agregó: “El aumento tampoco llega en cero. Entre 2022 y 2025 el salario mínimo ha crecido cerca de 42%, frente a una inflación acumulada alrededor del 30% y una productividad prácticamente estancada. Esto significa que el salario mínimo ya recuperó y superó su poder adquisitivo en este periodo”.

De acuerdo con AmCham, aumentar el salario mínimo por encima de la productividad podría elevar aún más el costo de contratar, especialmente, según la organización, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Con el nuevo ajuste, el costo total para el empleador de un trabajador que gana el salario mínimo se acerca a los 2,7 millones de pesos mensuales, mientras el ingreso que efectivamente recibe la persona ronda 1,86 millones. Esa diferencia en cargas laborales es difícil de absorber para miles de mipymes y se traduce, en la práctica, en menos capacidad para mantener puestos de trabajo, abrir nuevas vacantes o invertir. A ello se suma que parte de ese mayor costo termina reflejándose en precios más altos de bienes y servicios básicos, afectando el bolsillo de los hogares”, expresó la organización.
AmCham indicó que la combinación de una regulación laboral más estricta y un incremento del salario mínimo superior a la inflación y la productividad puede ubicar a Colombia en desventaja frente a otros países de la región que compiten por atraer inversión.
La entidad añadió que factores como la inseguridad jurídica, la inseguridad física y la incertidumbre regulatoria podrían llevar a que las inversiones busquen mercados más estables, especialmente cuando aumentan los costos del empleo formal sin mejoras equivalentes en productividad.
De acuerdo con AmCham, un aumento del 23 % en el salario mínimo tiene un impacto directo principalmente en el 20 % de los trabajadores formales que reciben ese salario. La organización señaló que la mayoría de los empleados, en especial quienes están en la informalidad, no se benefician de ese ajuste, pero sí enfrentan consecuencias como el alza en los precios de productos y servicios, además de mayores dificultades para acceder a empleos formales debido al incremento de los costos de contratación.

“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger”, puntualizó AmCham en su comunicado.
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