Gobierno Petro ya tiene en sus manos los USD6.000 millones que vendió en una operación atípica para endeudar a Colombia

La venta directa de títulos de tesorería (TES) del Gobierno de Gustavo Petro a Pimco por un monto de USD6.000 millones (equivalentes a $23 billones) generó una intensa polémica sobre la transparencia y el manejo institucional de la deuda pública colombiana. La operación, hecha por fuera del mecanismo habitual de subastas y sin anuncio, provocó reacciones de economistas, entidades de control y analistas del mercado.

Y es que el acuerdo con Pimco se formalizó el 19 de diciembre de 2025, con lo que los recursos quedaron a disposición inmediata de la Nación. De ese total, USD1.000 millones ya fueron monetizados en el mercado local, mientras que USD930 millones serán utilizados para liquidar parte de operaciones previas relacionadas con derivados financieros, según explicó el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar.

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El funcionario explicó a Valora Analitik que la mayor parte de los fondos restantes será convertida en moneda local de forma progresiva, pero con “una monetización gradual, pero acelerada”. Argumentó que el objetivo fundamental de la operación es “fortalecer la liquidez del Gobierno” ante el posible aumento de la volatilidad asociada al ciclo electoral de 2026.

“El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026”, señaló al remarcar que el manejo prudencial de la liquidez busca minimizar presiones en tasas y el mercado de divisas.

Estructura de la operación

Sobre la estructura de la operación, puntualizó que los recursos comenzaron a ser monetizados el 23 de diciembre, por lo que resaltó la necesidad de asegurar la disponibilidad de fondos antes de atravesar una coyuntura potencialmente inestable. Resaltó que, por estrategia, “nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones”, para evitar de manera anticipada el nombre del comprador o los detalles del acuerdo, lo que, según él, podría haber incrementado la presión sobre la tasa de cambio, perjudicado los términos pactados para la deuda pública colombiana.

Para determinar las condiciones de la venta, el Ministerio de Hacienda consultó a un creador de mercado local, que ofreció referencias de precio para una emisión considerable. “Se dieron inicialmente tasas de unos 75 puntos base arriba de la valoración de mercado por un flujo estimado de USD1.000 millones”, afirmó Cuéllar al medio. La operación se hizo luego de evaluar propuestas de varios fondos internacionales, aunque finalmente la de Pimco se consideró la más favorable para el país.

Retroceso de 25 años

Por supuesto, el mecanismo empleado y la ausencia de información pública suscitaron críticas destacadas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, candidato presidencial, denunció “el retroceso de 25 años en transparencia” que representa la adjudicación de $23 billones a un inversionista privado bajo condiciones reservadas. “Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones”, afirmó el exfuncionario en un video.

Asimismo, Cárdenas advirtió sobre el trato desigual hacia los participantes del mercado y sus posibles consecuencias. “Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información al mismo tiempo. Un desastre esa colocación privada, un número grande que muestra que viene un problema mayúsculo”, añadió.

Por su parte, el director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, destacó las implicaciones fiscales e internacionales del proceso.

“Esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios”, expresó el experto en X. A su juicio, recurrir a procedimientos distintos a la subasta pública se aleja de los estándares internacionales y dificulta la evaluación de la conveniencia para la deuda pública colombiana.

Proceso de control fiscal

El episodio también llevó a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de control fiscal sobre la operación, considerando tanto el monto involucrado como los cuestionamientos en torno al manejo de condiciones y la reserva aplicada a la identidad del comprador.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Hacienda indicó que antes de seleccionar a Pimco se revisaron propuestas de otros fondos internacionales, y que se contó con la colaboración de intermediarios especializados en el mercado de TES. Según explicó Javier Cuéllar, Pimco se comprometió a mantener su posición en TES bajo la estrategia buy and hold, aunque esta promesa no quedó consignada contractualmente y estará sujeta a monitoreo.