
La Alcaldía de El Carmen, en Norte de Santander, decretó toque de queda y ley seca tras los recientes ataques armados registrados en el municipio, en medio de acciones atribuidas al ELN. La decisión fue adoptada luego de un nuevo hostigamiento contra la estación de Policía ocurrido a las 6 de la mañana del 11 de febrero de 2026.
Según informó Semana, el alcalde José Reinel Contreras Yaruro anunció las medidas con el propósito de proteger a la población civil frente a la continuidad de los hechos violentos. El municipio, ubicado en la región del Catatumbo y reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación, ha sido escenario de reiteradas acciones armadas en lo corrido del año.
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El ataque más reciente se suma a seis ofensivas registradas en 2026 contra la fuerza pública en esa localidad. Ante este panorama, la administración municipal determinó restringir la movilidad y el expendio de bebidas alcohólicas para disminuir riesgos y prevenir afectaciones mayores a la comunidad.

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El toque de queda rige desde las 6 de la tarde del miércoles 11 de febrero hasta el lunes 16 de febrero a las 6 de la mañana. Durante ese periodo, los habitantes deberán permanecer en sus viviendas y abstenerse de circular por las calles en el horario establecido por el decreto local.
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De manera paralela, la Alcaldía dispuso la ley seca en el mismo rango horario en que se restringe la movilidad, es decir, entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.. La medida prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante esas horas, como parte de las acciones preventivas adoptadas ante la situación de orden público.
La decisión se produjo luego de que hombres armados dispararan contra la estación de Policía en la mañana del 11 de febrero, generando temor entre los habitantes. El hecho alteró la rutina del municipio y obligó a suspender actividades para evitar que la población quedara expuesta a posibles enfrentamientos.
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En el marco de estas disposiciones, también se suspendieron las clases presenciales en el casco urbano. Más de 400 estudiantes no asistieron a la institución educativa como medida preventiva, debido a la presencia de hombres armados vestidos de civil y portando armas de largo alcance en las calles.
Además del toque de queda y la ley seca, la administración municipal ordenó la suspensión de la atención al público en las dependencias de la Alcaldía, tanto en el casco urbano como en el centro poblado de Guamalito. Esta decisión se adoptó para reducir la exposición de funcionarios y ciudadanos ante posibles hechos violentos.
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El 9 de febrero, en Guamalito, un francotirador asesinó a un integrante de la Policía, identificado como Andrés Felipe de la Hoz, subintendente de la institución. Ese episodio antecedió a los nuevos hostigamientos y fue uno de los factores que influyeron en la adopción de medidas extraordinarias.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales oficiales, el alcalde manifestó: “Queremos aprovechar este comunicado oficial público entre entidades para solicitar a los alzados en armas salvaguardar la vida de nuestra población, a que por favor no se atente, que no haya un perjuicio irremediable contra nuestra comunidad, a respetar los principios, los mínimos y garantías a los derechos humanos y libertades, también al respeto por la misión médica”.
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Durante el año, el municipio ha registrado tres atentados graves que dejaron un uniformado muerto, otro herido y afectaciones en la población civil. La reiteración de los hechos llevó a las autoridades locales a fortalecer las medidas restrictivas como mecanismo de prevención.
Aunque no se han formulado señalamientos oficiales en el municipio, se ha indicado que la zona es de influencia del ELN, organización que mantiene presencia en el Catatumbo. En ese contexto, las disposiciones de toque de queda y ley seca permanecerán vigentes hasta la fecha establecida, mientras las autoridades evalúan la evolución de la situación de seguridad en el territorio.
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