Entre las problemáticas que genera el microtráfico en Bogotá, uno de los que más preocupa a la ciudadanía es la influencia que han logrado tener estructuras delictivas en zonas escolares de la ciudad.
Es por ello que uno de los pedidos más recurrentes que hacen los padres de familia al distrito es tener mayor acompañamiento en las instituciones educativas, argumentando que no se tiene claridad sobre el alcance que tienen los expendedores.
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Precisamente, este fue uno de los argumentos expuestos por la fiscalía durante la judicialización de seis integrantes de “Los Combita”, que es como se conocía a una estructura criminal que tenía influencia en varios sectores de Bogotá y enviaban narcóticos a España.
En la audiencia se registró la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a Hernán Francisco Jiménez Tinjaca, alias Pacho; Francy Eliana Morales Ayala, alias Anabel; Gabriel Tayak Monar, alias El Paisa; Yuli Marcela Flores Prugache, Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca.
Durante el proceso judicial se resaltó que “Pacho” y “Anabel” eran los cabecillas de la estructura criminal y los encargados de enviar grandes cantidades de droga a Europa.
El ente acusador afirmó que los imputados lograron consolidar un negocio ilícito con el traslado de la cocaína a Valencia, en España; de la misma forma, que tenían el poder territorial de la venta de estupefacientes en gran parte de las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que viajarían España, y los convencía de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa”.
Tenían el poder de al menos 13 colegios en el distrito
Durante el proceso, el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) mencionó que estos criminales afectaron de manera directa el entorno de al menos 13 colegios en el distrito.
En el operativo fueron incautados elementos con los que dosificaban y empacaban los estupefacientes que eran vendidos en los centros educativos, además de dispositivos electrónicos, efectivo y un arma traumática con la que intimidaban a los ciudadanos que buscaran interferir en su negocio.
Por todo lo mencionado, una juez de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad a los seis individuos mencionados, a pesar de que ninguno de ellos aceptó los cargos procesados en su contra.
El poder del microtráfico en el mercado ambulante
Precisamente, desde el distrito se han pronunciado debido a las críticas que han recibido por los operativos para controlar el espacio público en la ciudad, ya que sectores han afirmado que solo perjudican a comerciantes de la ciudad.
Al respecto, han destacado que en la mayoría de operativos se ha identificado que algunos negocios ambulantes son utilizados por las estructuras criminales para vender drogas o controlar las rutas de microtráfico en el distrito.
De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la mayoría de comerciantes también son víctimas de cobros extorsivos por parte de pandillas, que exigen pagos de hasta 16 millones por permitirles ubicarse en espacios públicos de sitios como San Victorino.
Al respecto, Lucía Bastidas, directora de la entidad, explicó que estas redes utilizan a personas en condición de vulnerabilidad para hacerles cobros extorsivos, modalidad que han consolidado en zonas populares del comercio bogotano.
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