IPC de 2025: cuándo lo dará a conocer el Dane para saber el aumento de los arriendos, servicios, matrículas y cuotas de salud

Para el jueves 8 de enero (6:00 p. m.) se tiene previsto que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informe a Colombia los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025. El valor será decisivo para definir el ajuste de arriendos, tarifas de servicios públicos, el salario mínimo para 2027 y la actualización de numerosos contratos durante 2026.

La relevancia de la fecha de publicación radica en que el IPC constituye la referencia fundamental para el reajuste de precios y compromisos contractuales en el país.

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Por supuesto, el resultado oficial presentado en enero fija de inmediato los topes legales para aumentar arriendos y otras obligaciones. Este año, el interés es aún mayor, si se considera que la inflación 2025 permanece distante de la meta establecida por el Banco de la República, que es del 3%. Esto añade incertidumbre para hogares y empresas en la planeación de sus finanzas, ya que la inflación no ha cedido como se esperaba.

Y es que en noviembre de 2025, el IPC anual se situó en 5,3%. Proyecciones de entidades como Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia estiman que la inflación para diciembre terminará cerca del 5,19%, en un rango proyectado entre 5,13% y 5,28%.

Qué esperan los expertos

Algunos analistas consultados para la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de diciembre advierten sobre la posibilidad de que se registre una cifra aún más alta, de hasta 5,5%.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República de noviembre señala que la inflación superaría el 5,33% al cierre de 2025, lo que superaría previsiones registradas en octubre, cuando se esperaba cerrar el año apenas por encima del 4%. La evolución refleja la persistencia de una inflación elevada pese a los ajustes económicos y monetarios intentados en el periodo.

El impacto del aumento arriendos Colombia será inmediato y directo en los contratos de alquiler. De acuerdo con la Ley 820 de 2003, los arrendadores pueden incrementar el canon hasta el 100% de la variación del IPC de 2025, sin superarlo. Así:

• Si el indicador se sitúa en 5,1%, un contrato de arriendo de $2.000.000 mensuales podría incrementarse hasta un máximo de $2.102.000 en 2026.
• Si se confirma la previsión más alta de 5,5%, el techo legal de aumento sería de $110.000 sobre ese mismo canon.

La ley no prohíbe aplicar aumentos inferiores al tope, pero sí establece como límite el dato oficial publicado por el Dane. Para contratos firmados después de 2003, además, el canon no puede superar el 1% anual del avalúo comercial del inmueble, lo que ofrece una protección adicional a los inquilinos frente a ajustes excesivos.

Las proyecciones para 2026 prevén una desaceleración moderada de la inflación, aunque sin alcanzar la meta oficial del banco central, que ubica el objetivo entre 2% y 4%. Para diciembre de 2026, analistas esperan que el IPC cierre en 4,65%, lo que oscila dentro de un rango entre 4,40% y 4,90%. Aunque estas cifras son levemente inferiores a las previstas para 2025, siguen situándose fuera del rango meta y reflejan la continuidad de presiones inflacionarias.

Ajustes a servicios públicos y más

La publicación del IPC diciembre 2025 también implicará ajustes en una amplia variedad de sectores económicos. Un IPC más elevado resulta en aumentos para:

• Arriendos residenciales y comerciales.
• Servicios públicos (agua, electricidad y gas).
• Peajes.
• Transporte (pasajes públicos e intermunicipales, así como el Soat).
• matrículas y pensiones educativas.
• Cuotas de salud (EPS),
• Productos de la canasta familiar (alimentos, bebidas y artículos para el hogar).

Más de 400 bienes y servicios indexados en el país se reajustan anualmente conforme al IPC. Además, determina el ajuste del salario mínimo y de servicios notariales y judiciales, lo que afecta tasas oficiales, derechos de petición, constitución de sociedades y algunas multas de tránsito, reguladas en ciertos casos por la unidad de valor básico, cuyo valor es definido cada año por el Ministerio de Hacienda.