La Policía y la administración local intensifican las investigaciones luego del asesinato de tres integrantes de una familia en el corregimiento Morrison, municipio de Río de Oro, Cesar.
El ataque ocurrió el sábado 20 de diciembre de 2025, a las 9:46 p. m., cuando una pareja y dos menores de edad regresaban en motocicleta de una novena y fueron interceptados por hombres armados, informó el Departamento de Policía Cesar.
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Según declaraciones del coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar, las primeras hipótesis apuntan a que la masacre estaría relacionada con disputas entre grupos armados ilegales con presencia en la región.
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El oficial explicó que “existen enfrentamientos de estructuras que se disputan territorios para el control de actividades ilícitas”.
La Policía confirmó que dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia para esclarecer el caso y dar con los responsables, e hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información relevante a través de la línea telefónica dispuesta para denuncias.
Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez y su pareja Geraldine, quienes fallecieron en el lugar. La menor Kendry Núñez García, de 12 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital Álvaro Rodríguez González, de San Martín, donde murió horas después.
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Una niña de 5 años, hija también de la pareja, sobrevivió a la agresión porque cayó accidentalmente en una canaleta al momento del ataque, situación que le salvó la vida, según relató el alcalde de Río de Oro en diálogo con La W Radio.
Pronunciamiento del alcalde: “Un vacío irreparable”
El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó los hechos y manifestó su consternación por la violencia recurrente en la zona.
En conversación con el medio regional El Pilón, Osorio enfatizó que el crimen enluta a toda la comunidad y “deja un vacío irreparable”.
El mandatario narró que la menor sobreviviente, aunque no presenta lesiones físicas, se encuentra bajo atención psicológica por el trauma sufrido al presenciar el crimen de sus familiares.
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El fallecimiento de la familia encendió las alarmas de las autoridades locales, que decidieron reforzar la seguridad en el municipio.
El alcalde anunció la convocatoria inmediata de un consejo de seguridad con el fin de establecer una recompensa de treinta millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables, según reportó el medio regional citado.
Osorio también instó a los grupos armados a cesar la violencia, reiterando la necesidad de un diálogo con el Gobierno Nacional: “Esta cadena de tragedias afecta a todos los sentidos”, señaló el funcionario en sus declaraciones.
Cifras de homicidios en Colombia 2025
El panorama de la seguridad en Colombia durante 2025 refleja contrastes que preocupan a las autoridades. Así lo expuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una intervención ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a principios de octubre.
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En su informe, Sánchez detalló que los homicidios aumentaron un 2% respecto al año anterior, alcanzando 10.018 muertes entre enero y septiembre, lo que representa 241 casos adicionales frente al mismo periodo de 2024. La tasa nacional se sitúa en 26 por cada 100 mil habitantes, aunque existen marcadas diferencias entre municipios.
El titular de Defensa precisó en su momento que el sicariato es responsable del 67% de los homicidios registrados, con 6.739 víctimas, seguido de riñas (1.635), atracos (385) y otras circunstancias (1.259).
El 79% de estos crímenes se cometió con armas de fuego. La mayoría de los asesinatos ocurrió en áreas urbanas, aunque el fenómeno también impacta zonas rurales.
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Un aspecto que destacó el Gobierno como avance positivo es que en 359 municipios no se reportó hasta ese momento ningún homicidio en el año. Sin embargo, persistieron focos de violencia, especialmente en el occidente y la costa Caribe, donde las disputas entre grupos armados ilegales son persistentes.
En contraste, las cifras de extorsión presentan una reducción del 12%. Se reportaron 8.562 denuncias, aunque la modalidad digital creció 14%, alcanzando 4.857 casos. La extorsión presencial mostró una caída del 33%. No obstante, Sánchez advirtió sobre la baja denuncia y la complejidad del fenómeno, señalando un gran número de intentos frustrados, pues en el 79% de los casos las víctimas no pagaron.
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El boletín también remitió al marco normativo de acceso de la prensa a cárceles del orden nacional, al señalar que la Dirección General expidió, mediante la Resolución No. 006349 del 19 de diciembre de 2016, el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)
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