El abogado Iván Cancino cuestionó que se hayan filtrado las fotos de reseña de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: “Es un acto cobarde”

Después de que la jueza Leonor Oviedo, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, aprobara en la tarde del 19 de diciembre la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados a una investigación por una supuesta defraudación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), comenzaron a difundirse imágenes de registro carcelario de ambos, que pasaron bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Ante la divulgación de las fotografías de registro de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el abogado Iván Cancino expresó en sus redes sociales su inconformidad con el hecho.

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El abogado Iván Cancino manifestó su rechazo frente a la difusión de las fotografías de registro judicial de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En su opinión, hacer públicas estas imágenes cuando los involucrados no han sido condenados aún constituye una falta grave de respeto y un acto injusto.

“Mostrar las fotos de reseña de personas que no han sido vencidas en juicio es un acto cobarde. Los medios deben cubrir la notica y jamás criticaré esa labor. Pero quien las filtra no merece respeto alguno”, escribió el abogado por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Con respecto a la situación de los dos exministros del Gobierno Petro, las autoridades determinaron que Ricardo Bonilla permanecerá en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que Luis Fernando Velasco estará bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali.

El fallo del tribunal dispuso lo siguiente: “Decretar como medida de aseguramiento en contra de Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de concierto para delinquir determinador en el punible del interés individual en aceleración de contratos, en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar u ofrecer conforme a la imputación de cargos”.

Durante las diligencias judiciales, la fiscal María Cristina Patiño planteó que tanto Luis Fernando Velasco como Ricardo Bonilla habrían participado en un acuerdo ilícito cuyo objetivo era manipular el Congreso y facilitar la aprobación de diversas reformas sociales impulsadas por el Gobierno.

Según la fiscalía, a cambio de apoyos legislativos se habría ofrecido la adjudicación de 79 proyectos de la Ungrd e Invías, con un valor total superior a medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron efectivamente.

El lunes 15 de diciembre, antes del fallo que definió la situación de los exministros, sus abogados enfatizaron que eran inocentes y rechazaron la petición de la Fiscalía de que afrontaran el proceso en detención domiciliaria. Finalmente, la magistrada Aura Alexandra Rosero dispuso que ambos fueran privados de la libertad en una cárcel, al considerar de suficiente peso los elementos presentados.

Durante la audiencia, la Fiscalía precisó que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que Bonilla y Velasco se desempeñaban como ministros de Hacienda y del Interior respectivamente, ambos habrían integrado, según la acusación, una estructura dedicada a infringir la ley dentro de la función pública. El propósito atribuido era asegurar suficientes votos en el Congreso para sacar adelante tanto propuestas legislativas del Ejecutivo como procesos relacionados con crédito público, valiéndose para ello de un manejo irregular en la asignación de contratos estatales.

En el transcurso de la investigación se determinó que se asignaron 74 iniciativas a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) por un total de $571.701 millones, junto con cinco proyectos gestionados por la Ungrd que representaron $40.536 millones adicionales. En total, $612.237 millones habrían sido dirigidos a miembros de las Comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Congreso.

Según lo expuesto durante la audiencia, siete de esos contratos fueron específicamente señalados por presunto interés indebido en su adjudicación, en una red donde cada partícipe tenía tareas determinadas.