Comunidad indígena secuestró 18 militares durante un operativo contra el ELN en Chocó: esto se sabe

Sobre la tarde del domingo 21 de diciembre, una multitud integrada por aproximadamente 200 personas secuestró a 18 militares de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional durante una operación contra el grupo armado organizado ELN en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, acción que impidió la continuidad de la misión constitucional que desarrollaban en ese territorio, según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada en un comunicado.

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Los hechos se registraron cuando la unidad militar adelantaba maniobras dirigidas a combatir a la organización armada en una región caracterizada por la presencia y actividad del Ejército de Liberación Nacional.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los militares se encontraban rodeados y fueron interceptados por el numeroso grupo, que los retuvo y trasladó arbitrariamente, según la denuncia formal de la autoridad castrense.

El Ejército Nacional rechazó con firmeza “toda acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado”.

El comunicado también remarcó que la función principal de los uniformados era proteger al Estado colombiano y salvaguardar a la población civil en un contexto de persistente conflictividad en el Chocó.

La institución militar hizo un llamado urgente a las autoridades competentes nacionales, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que “se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad”.

De igual modo, el Ejército Nacional subrayó que la privación de la libertad de integrantes de la fuerza pública constituye una conducta regulada por la ley, que puede acarrear responsabilidades penales.

Además, el comunicado advirtió sobre las consecuencias jurídicas de acciones que atenten contra la institucionalidad y los derechos de los militares, e instó a evitar toda conducta que involucre indebidamente a civiles.

El comando de la Décima Quinta Brigada finalizó su mensaje enfatizando la importancia de respetar el marco constitucional y legal colombiano, haciendo hincapié en los principios de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Es preciso mencionar que el hecho ocurre en un contexto de operaciones permanentes en la región chocoana, marcada por la presencia de grupos armados ilegales y recurrentes tensiones entre la fuerza pública, comunidades locales e indígenas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la liberación de los uniformados ni sobre posibles negociaciones para su retorno seguro. No obstante, se habla de un posible constreñimiento por parte del ELN hacia la población.

ELN anunció cese de hostilidades contra la fuerza pública

Este hecho se generó luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresara recientemente su intención de suspender operaciones contra la fuerza pública durante las festividades de diciembre y comienzos de enero de 2026.

No obstante, el ELN limitó la duración de su cese unilateral a diez días, mientras que las disidencias de alias Calarcá optaron por una suspensión indefinida. Ambas organizaciones, sin embargo, coincidieron en señalar que sus confrontaciones con bandas rivales seguirán en curso.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, valoró el anuncio como un paso necesario, pero expresó preocupación ante los antecedentes de violencia contra la población civil. Agregó que “un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”.

Durante 2025, el ELN ejecutó al menos un centenar de ataques en departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander. Uno de los incidentes más graves se presentó en la base militar de Aguachica, que dejó un saldo de siete militares muertos y 32 heridos.