7 militares fueron judicializados por desfalco de $201 millones en raciones para soldados del batallón de Ocaña

Siete integrantes del Ejército Nacional enfrentan un proceso judicial tras ser señalados de apropiarse de $200 millones destinados a la alimentación de soldados en un batallón de infantería ubicado en Ocaña (Norte de Santander).

La investigación, liderada por la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander, apunta a que los uniformados, quienes desempeñaban funciones administrativas, habrían manipulado documentos y gestionado órdenes falsas para desviar recursos asignados al bienestar de la tropa.

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La Fiscalía identificó como presuntos responsables al teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez, y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.

Según los elementos materiales probatorios, estos oficiales y suboficiales estarían involucrados en al menos cinco episodios delictivos relacionados con la generación y autorización de órdenes ficticias para el abastecimiento de víveres secos y frescos.

El mecanismo detectado por las autoridades consistía en la elaboración de planillas que reportaban la entrega de raciones alimentarias a soldados que, en realidad, se encontraban en vacaciones, permisos, turnos de descanso o participaban en operaciones fuera de las instalaciones.

Estos documentos, carentes de firmas o constancias de recibido por parte de los comandantes de patrullas o pelotones, fueron ingresados en los sistemas misionales de la entidad, lo que permitió justificar la ejecución de partidas presupuestales sin el respaldo de una entrega real.

el fiscal encargado de la diligencia dio más detalles de como estos uniformados operaron: “Se articularon al interior del batallón con un propósito doloso definido, cual fue generar y crear falsas necesidades de abastecimiento, de víveres secos y víveres frescos ante la unidad centralizadora. Mediante esta maniobra lograron inducir en error a la administración para que se les asignaran partidas presupuestales, estancias o valor diario de alimentación por soldado, que no correspondían a la realidad”.

Además, agregó: “En esa concertada articulación entre la sección de operaciones y la sección de logística, procedieron a la formalización documental irregular, revistiendo sus actos de una apariencia de legalidad para alterar la veracidad de la información pública, lograr la apropiación de víveres secos y dineros destinados a víveres frescos, llegando al extremo de alterar la realidad fáctica de los informes de situación de tropa, donde reportaban falsas novedades de personal, certificando que los soldados se encontraban en desarrollo de operaciones militares, cuando lo cierto es que se hallaban en situaciones administrativas de permiso disfrutando de vacaciones o turnos de descanso”.

El funcionario específico el rango de tiempo en el que se estuvieron ejecutando este tipo de acciones ilícitas al interior de la institución.

“Tuvieron su ocurrencia cronológica de manera continuada durante los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del año 2024, extendiendo su ejecución hasta el mes de enero del año 2025. El escenario fáctico y geográfico de esos acontecimientos fue la sede logística, administrativa y operacional del batallón de infantería, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ocaña, departamento norte de Santander, en donde en ese recinto militar, los oficiales y suboficiales, abusando flagrantemente de sus funciones administrativas de mando y control, permitieron, gestionaron y tramitaron y se apropiaron irregularmente de recursos públicos pertenecientes al erario del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuantificados, cuantificados en la suma de $201.314.124″.

Por estos hechos, el ente acusador imputó a los uniformados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno. Ninguno de los cargos fue aceptado por los implicados durante la audiencia.

La decisión judicial adoptada por una juez penal de control de garantías determinó que seis de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios, mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación sin restricción de libertad.