La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió no imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos relacionado con la compra de una mansión en la urbanización Pradomar, en Puerto Colombia.
La decisión, adoptada con ponencia del magistrado César Reyes y consignada en un auto fechado el 4 de diciembre, se fundamenta en la ausencia de requisitos constitucionales y probatorios que justifiquen restringir la libertad del alto funcionario.
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El tribunal determinó que la investigación ha avanzado sin riesgos para la administración de justicia y que no existe peligro de obstrucción por parte del ministro, según informó el diario El Tiempo.
En su análisis, la Sala de Instrucción consideró que la actividad probatoria se ha desarrollado sin contratiempos, pues se sustenta principalmente en información proveniente de entidades públicas y registros oficiales.
Esto garantiza la conservación del material probatorio y hace innecesaria, por ahora, una medida privativa de la libertad. El auto señala que “el material probatorio existente permite el avance de la investigación sin que se advierta riesgo de afectación a los fines del proceso”.
La Corte enfatizó que esta decisión no constituye una absolución ni el cierre definitivo del caso, sino un pronunciamiento específico sobre la improcedencia de la medida de aseguramiento en esta etapa procesal.
El expediente examina el patrimonio de Benedetti durante su ejercicio como parlamentario hasta 2018, aunque la investigación se amplió hasta septiembre de 2024 por la compra de la vivienda en Pradomar, adquirida en octubre de 2020 a nombre de su esposa, Adelina Guerrero Covo.
La Sala recordó que el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público no puede fragmentarse, dado que Benedetti mantuvo su calidad de servidor público entre 2002 y 2022, lo que habilita el control patrimonial incluso dentro de los cinco años posteriores a su desvinculación del cargo.
Según el auto, “no puede escindirse el actuar del investigado, en la medida en que su calidad de servidor público se mantuvo inalterable (...) habilitando también el escrutinio patrimonial dentro de los cinco años posteriores a su desvinculación, lo que no da lugar a rupturas procesales ni al adelantamiento de investigaciones paralelas con idéntico propósito”.
La defensa de Benedetti interpretó la decisión como relevante para los demás procesos en su contra, especialmente por la aplicación del principio de non bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.
Sin embargo, otros procesos judiciales contra el ministro continúan en curso. En paralelo, la magistrada Cristina Lombana mantiene en firme otro expediente por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, dentro del cual ordenó el allanamiento de la residencia de Benedetti en el sector Lagos de Caujaral, en Barranquilla.
El 17 de noviembre, Benedetti amplió una denuncia contra Lombana ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, solicitando su suspensión por supuesta extralimitación de funciones, lo que añade un nuevo capítulo a la controversia jurídica que rodea al ministro.
El caso de la mansión de Pradomar ha sido objeto de investigaciones periodísticas que revelaron que los 3.600 millones de pesos destinados a la compra provienen de dos empresas vinculadas a la Organización Simetric, un conglomerado con el que Euclides Torres habría cartelizado el negocio del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Benedetti declaró en 2021 ante la Corte que los fondos provenían de D.J.M. Luces S.A. y Seguridad Tecnológica Progresiva S.A.S. (ET Progresiva), ambas parte de dicho conglomerado. De acuerdo con Cuestión Pública, ET Progresiva aportó el 58 % del préstamo, mientras que D.J.M. aportó el 42 %.
La escritura pública de la compra, fechada el 9 de octubre de 2020, señala que la casa se escrituró por 1.500 millones de pesos, pese a que el préstamo ascendía a 3.600 millones, diferencia que aún no ha sido aclarada. La vivienda quedó a nombre de la esposa del ministro, Adelina Guerrero Covo.
Benedetti negó las afirmaciones sobre la procedencia del dinero y aseguró que el pago del préstamo “está en trámite”. No obstante, expertos en anticorrupción, como Camilo Enciso, destacaron al medio Cambio que Benedetti no reportó este crédito en sus seis declaraciones de patrimonio y conflictos de interés entre 2022 y 2025, argumentando que el préstamo estaba a nombre de su cónyuge.
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