Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo explicó por qué el Gobierno Petro todavía no quiere decir qué aumento quiere

El Gobierno de Gustavo Petro mantiene en reserva su propuesta de aumento del salario mínimo para 2026, en medio de negociaciones estancadas entre sindicatos y empresarios. La falta de acuerdo entre las partes quedó evidenciada al cumplirse la primera fecha límite para fijar el incremento (15 de diciembre). Las centrales obreras insisten en un ajuste del 16%, mientras que los gremios empresariales proponen un 7,21%. Ningún sector mostró disposición para ceder: los sindicatos rechazan cualquier cifra inferior al 10% y los empresarios consideran irresponsable aceptar un aumento de dos dígitos.

Frente a esto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el 16 de diciembre, declaró ante varios medios que “el Gobierno no ha destapado su propuesta y no lo vamos a hacer por lo pronto. No nos parece prudente”. Anotó que “estamos a la espera de las salvedades de las partes y tomaremos una decisión, si corresponde tomarla para decretar el incremento o si damos un nuevo espacio para la discusión en la búsqueda de una concertación”.

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Así las cosas, el Gobierno optó por no revelar su postura oficial, al argumentar razones de prudencia y la necesidad de esperar las salvedades que presenten ambas partes.

La expectativa se mantiene alta mientras trabajadores y empresarios aguardan la definición de un ajuste que impactará a millones de colombianos en 2025.

48 horas de espera

Además, recordó que el proceso de concertación está regulado por la ley 278 de 1996, que establece plazos y procedimientos claros. Tras el fracaso en la primera fase de negociación, sindicatos y empresarios disponen de 48 horas, entre el 16 y el 18 de diciembre, para presentar por escrito sus salvedades, acompañadas de argumentos técnicos y económicos. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales analizará estos documentos el 18 de diciembre, antes de iniciar una última ronda de sesiones extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre.

Si persiste la falta de acuerdo, el Gobierno podrá decretar unilateralmente el incremento antes del 30 de diciembre, fecha límite establecida por la normativa vigente.

Reunión entre Petro y Sanguino

Dicha afirmaciones se produjeron tras una reunión clave entre el funcionario y el presidente Petro, en la que se abordó la definición del ajuste salarial para el próximo año, mientras persiste la incertidumbre sobre el porcentaje final de aumento.

El encuentro entre Sanguino y Petro, celebrado en medio de la expectativa nacional, marcó un punto de inflexión en el proceso. El presidente priorizó el encuentro, incluso aplazó un consejo de ministros programado, con el objetivo de avanzar en la definición del incremento salarial. Durante una ceremonia en la Escuela General Santander, Petro anunció su intención de dejar establecido el nuevo salario mínimo ese mismo día, aunque la decisión final aún no se ha hecho pública.

Posiciones de las partes

En cuanto a las posiciones de los actores involucrados, los sindicatos mantienen firme su exigencia de un aumento del 16%, equivalente a $227.760, lo que llevaría el salario mínimo a $1.651.260 mensuales (sin auxilio de transporte). Por su parte, los empresarios proponen un incremento del 7,21%, cifra que consideran responsable en el actual contexto económico.

La distancia entre ambas posturas ha impedido cualquier avance hacia un consenso, y las negociaciones se encuentran en un punto muerto.

Qué sugieren los analistas

Diversos escenarios numéricos surgieron en el debate público. Analistas sugieren que, ante la imposibilidad de un acuerdo, el Gobierno podría optar por un incremento intermedio del 10%, lo que sumaría $142.350 al salario actual de $1.423.500, lo que alcanzaría así a $1.565.850 mensuales. Otra alternativa, mencionada en ocasiones anteriores por Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, es un aumento del 11%, que elevaría el salario mínimo a $1.580.085, tras un ajuste de $156.585.

Sin embargo, ninguna de estas cifras fue confirmada de manera oficial por el Ejecutivo, que insiste en mantener la reserva hasta que se conozcan las salvedades de las partes.