Barbosa reaccionó a petición de congresistas de izquierda de liberar a detenidos por vandalismo: “Es elegir al crimen arropado de una “paz criminal”

La carta suscrita por 31 congresistas de izquierda, entre los que se encuentra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, y con la que se exigió la liberación de 11 jóvenes en Bogotá, acusados de terrorismo, llevó al exfiscal General Francisco Barbosa a pronunciarse frente a este documento, que calificó como un acto de complicidad con un grupo de jóvenes que, según él, causaron estragos en la capital de la República, entre otras, durente el paro nacional de 2021.

Cabe destacar que el documento, fechado el 1 de diciembre y firmado por los miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Derechos Humanos del Congreso, expresó la postura de un sector del Congreso que solicita garantías procesales y la libertad de los detenidos. A diferencia del extenso expediente judicial presentado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, que daría cuenta del copioso material en su contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a ello, para Barbosa esta petición es -a todas luces- inaceptable. “Los terroristas urbanos de la primera línea destruyeron Bogotá en el 2021. En mi administración en la Fiscalía General se desplegaron grupos de investigación para judicializar a estos delincuentes. Es inadmisible que sigan con la pendejada de querer sacar de la cárcel con estrategias políticas a quienes cometieron delitos”, expresó el titular del ente investigador, entre 2020 y 2024.

Y destacó que hay una situación que se debe resaltar, en medio de esta controversial decisión. “El país tiene que entender que elegir al petrismo en el 2026 es elegir al crimen arropado de una ‘paz criminal’ sobre el imperio de la ley", dijo Barbosa, que dio un paso al costado en el actual proceso electoral, en la que tanteó el terreno para una aspiración hacia el primer cargo de la nación, de la cual declinó por no tener, según él, las garantías de seguridad.

La misiva que pidió la liberación de 11 presuntos miembros de la ‘Primera Línea’

Y es que el texto en mención y que contó con el apoyo de los congresistas Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, dio cuenta de la posible vulneración de derechos fundamentales en estos procedimientos, pues según los peticionarios estaban ejerciendo su derecho a la protesta social, sin importar la evidencia que existiría en contra de ellos.

El documento de los congresistas denuncia “hostigamientos, señalamientos y persecución” contra los detenidos, al afirmar que resultaría incompatible con el derecho constitucional a la protesta que persista la medida de privación de libertad sin pruebas sólidas. Por ello pidieron que los acusados puedan enfrentar sus procesos en libertad y que el Estado respete los acuerdos legalmente establecidos, al citar los nombres de los jóvenes detenidos en estos operativos.

Según las autoridades, la investigación judicial contra los capturados recopiló más de 4.000 horas de video, además de una serie de interceptaciones telefónicas, declaraciones de testigos y 13 allanamientos en la capital de la República. Los capturados serían integrantes de la organización PPP: señalada por infiltrarse en universidades públicas, fabricar artefactos explosivos y perpetrar ataques contra estaciones de TransMilenio y buses del sistema integrado Sitp.

Durante los operativos, la Policía decomisó explosivos, pólvora, dispositivos electrónicos y prendas vinculadas a los hechos, y atribuyó a la organización una serie de actos violentos cometidos entre 2024 y 2025. En ese sentido, la Fiscalía imputó delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado y porte ilegal de explosivos; pese a la posición de los parlamentarios, que insisten en la derecha de los derechos humanos y la protesta social.