Gobierno Petro frenó extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera

El presidente Gustavo Petro decidió suspender la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, pese a que el Gobierno había autorizado su entrega por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

La medida busca garantizar que Rojas continúe aportando resultados verificables al proceso de paz total.

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La decisión, respaldada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, responde a una solicitud de la Corte Distrital del Distrito Sur de California, que acusa a Rojas de concierto para distribuir cocaína y de actividades vinculadas al narcoterrorismo.

No obstante, la entrega quedará suspendida mientras el implicado mantenga su participación activa en las negociaciones de paz, según lo establece el artículo segundo de la resolución, de acuerdo con Blu Radio.

El Gobierno dejó claro que la extradición solo se hará efectiva si Rojas interrumpe su contribución al proceso de paz, conforme a la Ley 2272 de 2022.

Además, Estados Unidos deberá garantizar que el líder criminal no será sometido a desaparición forzada, torturas, penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación, como estipula el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Rojas actúa como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en estas negociaciones, según la Corte Suprema de Justicia.

Investigaciones de la justicia estadounidense señalan que la organización dirigida por “Araña” producía cocaína en Colombia, la transportaba a México y luego ingresaba al mercado estadounidense, configurando delitos de narcoterrorismo. La Corte subrayó que los Comandos de Frontera han perdido toda legitimidad política y operan actualmente como una estructura criminal.

La detención de Geovany Andrés Rojas, ocurrida tras la conclusión del tercer ciclo de conversaciones con el Gobierno en un hotel de Bogotá, desató un intenso debate político y jurídico sobre la prevalencia de los compromisos asumidos en el marco del proceso de paz frente a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y a solicitud de una corte federal del Distrito Sur de California.

El procedimiento generó cuestionamientos sobre la coordinación entre las instituciones del Estado y el manejo de los casos de negociadores que enfrentan procesos judiciales en el exterior. En particular, reavivó la discusión sobre los alcances de la política de “paz total” y los límites de las suspensiones de órdenes de captura cuando existen requerimientos de extradición vigentes.

La controversia se profundizó cuando los abogados Sebastián Velásquez y Sergio Alzate presentaron una denuncia ante la Fiscalía General solicitando investigar al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, por presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y prevaricato por acción.

Según los denunciantes, Patiño habría intervenido para intentar frenar la captura de Rojas, contactando a altos mandos militares y a la fiscal general Luz Adriana Camargo.

La Fiscalía explicó posteriormente que la captura se produjo en estricto cumplimiento de una circular roja de Interpol, la cual no se ve afectada por resoluciones internas que suspendan órdenes de captura en Colombia.

En un comunicado, el ente acusador señaló que Rojas es requerido por Estados Unidos por su presunta participación reciente en el envío de cargamentos de cocaína hacia ese país, en su condición de cabecilla de los Comandos de Frontera.

De acuerdo con el expediente judicial, entre 2017 y 2025 la organización liderada por “Araña” habría coordinado el tráfico de cocaína a través de rutas que incluían a México, además de imponer cobros a otros narcotraficantes que operaban en zonas del Putumayo y Caquetá. Uno de los cargamentos, de cerca de 1.500 kilos, fue incautado por autoridades mexicanas en marzo de 2024.