El hallazgo de altares de santería en varios inmuebles de Medellín durante los recientes allanamientos contra una red internacional de fraude migratorio ha revelado una dimensión inusual en el funcionamiento de este esquema criminal.
Según El Tiempo, estos altares, compuestos por velas rojas y negras, imágenes religiosas, figuras esqueléticas y cofres con monedas y billetes, formaban parte de rituales esotéricos que los implicados realizaban para atraer clientes y buscar protección frente a las investigaciones de las autoridades.
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La operación, coordinada entre Colombia, Estados Unidos y otros países latinoamericanos, desmanteló una estructura que utilizaba prácticas religiosas y simbología para fortalecer su actividad delictiva, con Colombia como epicentro de la organización.
Durante los registros en Medellín, los agentes encontraron altares dispuestos con elementos propios de la santería, como velas encendidas, estampas de santos, cofres con dinero y papeles con anotaciones, así como figuras asociadas al culto a la muerte, entre ellas carabelas y pequeños ataúdes.
Estos espacios eran utilizados por miembros de la red para realizar rituales con el objetivo de “atraer clientes” y mantener un flujo constante de personas interesadas en los trámites fraudulentos de visado.
Además, la Fiscalía documentó que los implicados solicitaban protección a figuras religiosas para evitar ser detectados por las autoridades durante las investigaciones internacionales.
El componente esotérico no solo servía para blindar la operación, sino que también se utilizaba como herramienta de manipulación.
Cuando los trámites prometidos no avanzaban, los operadores ofrecían a las víctimas una “segunda alternativa” basada en rituales y sacrificios de animales, supuestamente para eliminar los obstáculos que impedían viajar.
Testimonios recogidos por la Fiscalía indican que estas prácticas se presentaban como una solución adicional, lo que incrementaba la dependencia y el gasto de los afectados.
Las víctimas, al descubrir la falsedad de los trámites en las representaciones diplomáticas estadounidenses, ya habían sido sometidas a un proceso de engaño que combinaba la apariencia de legalidad con la sugestión esotérica.
La investigación permitió identificar a una organización liderada por colombianos y con ramificaciones en al menos cinco países latinoamericanos, además de Estados Unidos.
El operativo, calificado por las autoridades como uno de los mayores golpes contra el fraude migratorio en la región, resultó en la captura de 19 personas: tres en Medellín, seis en El Salvador, ocho en Ecuador y dos en Estados Unidos.
Entre los detenidos en Colombia figuran Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos por la Corte del Distrito Sur de Florida.
Otros implicados, como Esteban Robledo-Correa, permanecen prófugos, mientras que Julián Giraldo-Ospina y Viviana Urrego-Rojas fueron arrestados en territorio estadounidense.
La red operaba desde oficinas en Medellín, donde se coordinaban los contactos y se gestionaban los trámites fraudulentos. La organización suplantaba la identidad de funcionarios estadounidenses, acondicionaba instalaciones con emblemas y uniformes falsos, y administraba más de 150 sitios web y 30 páginas de Facebook que simulaban ser portales oficiales del gobierno de Estados Unidos.
El esquema de fraude se basaba en la captación de víctimas a través de redes sociales, llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas, según explicó el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subdirector de la Dijín.
Los “asesores” guiaban a los interesados en supuestos procesos de solicitud de visas, respaldados por documentación alterada y páginas web que imitaban el diseño de portales oficiales.
Los pagos exigidos oscilaban entre USD 50.000 y USD 90.000, transferidos a contactos en ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Boston y Chicago.
El flujo económico generado por la red superó los USD 2.5 millones.
El dinero se movía a través de más de 300 productos financieros colombianos y mediante sistemas informales como el “Hawala”, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.
La organización también utilizaba identificaciones gubernamentales estadounidenses falsas, sellos y formularios apócrifos para reforzar la apariencia de legalidad.
La operación conjunta, en la que participaron la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina de Usaid OIG de Estados Unidos, fue considerada un avance en la lucha contra el fraude migratorio en América Latina.
Las investigaciones, iniciadas en El Salvador tras denuncias de víctimas, permitieron identificar el patrón delictivo en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.
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