
Un juez de conocimiento en Medellín dictó una sentencia de 10 años y 8 meses de prisión contra el exintegrante de la Policía Nacional Kevis Marcelo Urango Romero por el delito de acto sexual violento.
La condena se produce tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad penal del acusado en los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2022.
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La investigación estableció que Urango Romero, de 28 años, aprovechó su posición dentro de la institución para ordenar a una auxiliar bachiller de 19 años que se dirigiera al cuarto de seguridad de la Estación Hospital del Metro de Medellín, un espacio destinado al descanso de los uniformados.
Una vez en el lugar, el entonces patrullero cerró la puerta con llave y, según la Fiscalía, besó por la fuerza a la víctima y le realizó tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento. La gravedad de los hechos quedó reflejada en la decisión judicial, que consideró probada la conducta delictiva.
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La Fiscalía sostuvo que la evidencia presentada permitió esclarecer la secuencia de los acontecimientos y la vulneración de la integridad de la joven auxiliar.
La defensa de Urango Romero ha presentado un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, buscando la revisión de la sentencia en segunda instancia. Mientras tanto, la condena marca un precedente en el tratamiento judicial de casos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones.

Ratifican condena contra un policía que abusó sexualmente de un compañero
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la condena de 14 años de prisión contra Stevan Andrés Rosero Derazo, miembro de la Policía Nacional, por el abuso sexual de un compañero durante un corte de energía en una base policial de la capital del departamento del Huila.
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La decisión judicial se fundamentó en la contundencia de las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, que permitieron establecer la responsabilidad penal del uniformado.
El caso, ocurrido en noviembre de 2013 en la sede del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), fue investigado por un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Huila.

Según el relato de la víctima, también integrante de la Policía Nacional, el ataque se produjo en los baños de la base policial, aprovechando la oscuridad generada por la falta de energía eléctrica. Rosero Derazo golpeó a su compañero y cometió el abuso sexual, aprovechando la vulnerabilidad de la situación.
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La magistrada Juana Alexandra Tobar Manzano ratificó la sentencia condenatoria y destacó: “Doblegó su voluntad y usó el enjuiciado para hacer caso omiso a la renuencia del ofendido para sostener con él relaciones sexuales”, según información publicada por el diario La Nación.
La funcionaria también subrayó que la víctima negó “categóricamente haberle dado su consentimiento para sostener relaciones sexuales”, y que el uniformado ejerció violencia física y psicológica sobre su compañero.

La sentencia inicial fue emitida en el mes de noviembre de 2020 por un juzgado de conocimiento de Neiva, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, Stevan Andrés Rosero Derazo permanece recluido en un establecimiento carcelario en Pitalito, Huila.
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La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y la persecución de los agresores, resaltando la importancia de la denuncia y la labor investigativa para combatir la impunidad en casos de agresión sexual dentro y fuera de la institución.
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