Un informe de la Contraloría General de la República, que se conoció el miércoles 10 de diciembre de 2025, dejó en evidencia las presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), al detectar un posible detrimento patrimonial de $1.618 millones en la ejecución de un contrato de interventoría entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.
Según el organismo de control, al mando de Carlos Hernán Rodríguez, los pagos a la interventoría fueron efectuados de manera incorrecta, sin ajustarse a los avances reales de los contratos supervisados en el referido programa. En efecto, el análisis fiscal adelantado por este ente de control reveló que los desembolsos entregados a la interventoría no correspondían con el progresivo desarrollo de los proyectos, lo que levantó suspicacias frente a su trámite.
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“Los porcentajes de avance registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) no cumplían con el 100% requerido para autorizar pagos completos”, detalló la Contraloría. Del mismo modo, de acuerdo con la investigación, los contratos bajo supervisión registraron avances técnicos de 59%, 93% y 44%, cifras que no justificaban el pago total efectuado a DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., pero aun así, la interventoría recibió el desembolso íntegro de los recursos pactados.
Los detalles del contrato en cuestión y las fallas en la ejecución
Con este panorama, la entidad hizo énfasis de cómo se evidenció el presunto detrimento patrimonial en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, cuya responsabilidad estaba centrada en la supervisión de los contratos 359-2022, 377-2022 y 402-2022. La cláusula cuarta del mencionado contrato estipuló que los pagos debían guardar estricta relación con el avance real de los proyectos; aunque según la Contraloría esta condición no fue respetada.
Para la Contraloría General de la República, los hechos detectados reflejan “deficiencias significativas en los mecanismos de control interno de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad ejecutora del Pnis”. Estas falencias habrían permitido la aprobación de pagos sin encontrarse totalmente cumplidos los hitos técnicos que correspondían, en un presunto detrimento que afecta de forma directa los recursos de iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, proyectos productivos sostenibles y programas de seguridad alimentaria.
En este orden de ideas, el organismo de control alertó que “irregularidades como esta debilitan la capacidad del programa para cumplir sus objetivos y ponen en riesgo inversiones destinadas a comunidades que dependen de estos proyectos para transitar hacia economías legales”. Y reiteró la importancia de una supervisión rigurosa para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a su destino y contribuyan a la transformación de los territorios.
La situación identificada, para el ente de control, “debe ser tomada como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer los procesos de vigilancia, seguimiento y rendición de cuentas en programas de alto impacto social como el Pnis”. Así pues, el ente fiscalizador recalcó la urgencia de reforzar los mecanismos de control para prevenir futuros desvíos de recursos y asegurar la efectividad de iniciativas que buscan beneficiar a comunidades vulnerables.
Otros hallazgos de la Contraloría
Por su parte, la Contraloría reportó hallazgos fiscales por un monto superior a $70.000 millones en el Fondo Todos Somos Pazcífico, producto de gastos administrativos considerados desproporcionados y deficiencias en la ejecución de proyectos de agua, saneamiento básico y conectividad en Tumaco y Guapi. E informó sobre un presunto detrimento patrimonial de $13.972 millones en un contrato para la implementación de sistemas solares en Bojayá (Chocó).
De acuerdo con el organismo, este último convenio no ha sido ejecutado en su totalidad después de cuatro años. La Contraloría atribuyó esta situación a debilidades en la planeación, la interventoría y la supervisión del proyecto, lo que habría dado lugar a pagos adelantado sin contraprestación efectiva y a la existencia de obras inconclusas y, por ende, en la revisión en profundidad de estos compromisos.
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