La tensión entre los gremios y el Gobierno volvió a escalar esta semana, luego de que Fenalco advirtiera que el Ministerio de Trabajo estaría preparando decretos que, en la práctica, revivirían apartes de la reforma laboral que el Congreso hundió meses atrás. Aunque desde distintos sectores se había dado por cerrado ese capítulo, los documentos en borrador reabrieron una discusión que toca nervios sensibles como los límites del Ejecutivo para reglamentar y, sobre todo, el alcance real de esa potestad cuando se trata de transformar el sistema laboral.
El pronunciamiento más duro vino de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, que aseguró que las iniciativas representan una “grave extralimitación” y un intento por imponer medidas que ya fueron rechazadas en el trámite legislativo. Para el dirigente gremial, los borradores del ministerio no solo desconocen la decisión del Congreso, sino que abren la puerta a cambios de fondo sin la competencia legal necesaria. “Estas iniciativas vulneran el principio de legalidad, exceden la potestad reglamentaria y buscan reintroducir, sin competencia alguna, transformaciones profundas que únicamente pueden ser discutidas y aprobadas por el legislador”, afirmó.
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El debate se centra en dos decretos. El primero plantea un viraje en la negociación colectiva, al permitir que un sindicato pueda negociar por todo un sector económico, incluso para empresas y trabajadores que no hicieron parte del proceso. Según la propuesta, las convenciones alcanzadas tendrían efectos obligatorios para todos y, además, se establecería la obligación de pagar cuotas sindicales sin importar si los trabajadores están o no afiliados. Para los gremios, este punto es especialmente sensible porque implicaría que las compañías deban entregar información económica considerada estratégica, sin que exista un soporte legal que lo exija.
Fenalco sostuvo que este tipo de cambios “reintroducen, por decreto, propuestas que el Congreso descartó”, y que, de aprobarse, alterarían de raíz la libertad de asociación y los mecanismos tradicionales de negociación en el país. El gremio argumentó que el modelo sectorial, tal como está planteado en el borrador, no tiene un sustento normativo claro y desconoce los límites fijados en la discusión legislativa.
El segundo decreto apunta a regular la tercerización laboral, un tema que ya había generado disputas durante el debate de la reforma. En este caso, el borrador presume ilegalidad en la tercerización cuando las empresas contratistas no tengan “organización propia” o “estructura productiva especializada”, conceptos que no están definidos en la ley y cuyo uso, a juicio de los comerciantes, deja un amplio margen a la interpretación administrativa. “Estas disposiciones penalizan esquemas legítimos de organización empresarial y trasladan funciones jurisdiccionales a la administración, sin que la ley lo autorice”, señaló Cabal.
El gremio también llamó la atención sobre el momento en el que podrían ser expedidos los decretos. Según su análisis, hacerlo durante la vacancia judicial y en vísperas de un periodo electoral limitaría la capacidad de reacción de los órganos de control, especialmente del Consejo de Estado, encargado de revisar este tipo de decisiones. Fenalco considera que este contexto podría permitir que normas sin respaldo legal entren en vigencia por varios meses, generando incertidumbre en un mercado laboral que ya enfrenta presiones económicas y políticas.
Para la organización empresarial, el camino adecuado sigue siendo el Congreso. Allí, afirman, deben discutirse las reformas de gran calado, con deliberación pública, análisis técnico y control político. Por eso, el gremio instó al Gobierno a suspender la expedición de los decretos y a retomar el trámite legislativo si se desea insistir en cambios estructurales. En palabras de Cabal, “el país merece decisiones tomadas con transparencia, rigor técnico y respeto por la institucionalidad democrática”.
Mientras la discusión avanza, los borradores siguen en revisión. El ministerio no anuncia una fecha definitiva para su expedición, pero el solo hecho de que existan ya abrió un debate que promete mantenerse en las próximas semanas, en un país donde la regulación laboral es, desde hace años, uno de los terrenos más sensibles de la agenda pública.
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