Familiares de colombianos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro volvieron a bloquear el puente Simón Bolívar en la frontera con Venezuela

El puente internacional Simón Bolívar volvió a ser escenario de tensión el jueves 4 de diciembre, cuando familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquearon el paso fronterizo en protesta, exigiendo la liberación de sus seres queridos.

La movilización, que se produce en plena temporada navideña, refleja la frustración de los manifestantes ante la falta de avances en la gestión diplomática, pese a recientes acercamientos oficiales.

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En el tramo final de la jornada, los familiares reiteraron su llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería para que intervengan de manera efectiva y logren el retorno de los detenidos antes de fin de año.

Según informó el medio La Opinión, hasta la fecha no se han producido nuevas liberaciones, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades colombianas y venezolanas.

El pasado veinte de noviembre, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se desplazó hasta la frontera para reunirse con los familiares y escuchar sus testimonios de primera mano, según reportó el medio de comunicación.

Sin embargo, los manifestantes consideran que su clamor no ha sido atendido, ya que la situación de los detenidos permanece sin cambios.

La protesta de este jueves se suma a una serie de acciones similares que han tenido lugar en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso entre Colombia y Venezuela, y que han afectado la movilidad en la zona.

Los familiares insisten en que la presión pública y la intervención diplomática son esenciales para lograr la liberación de los colombianos retenidos por el régimen de Nicolás Maduro.

La Opinión documentó que la demanda central de los manifestantes es clara: “Pedimos a las autoridades que intervengan para volver a tener a nuestros familiares en casa en esta época navideña y fin de año”. La situación mantiene en vilo a decenas de familias que esperan una respuesta concreta de los gobiernos involucrados.

Dictadura de Maduro liberó a 17 colombianos que estaban detenidos en Venezuela

La liberación de diecisiete ciudadanos colombianos detenidos en cárceles de Venezuela el 24 de octubre de 2025, marcó un avance en la agenda diplomática entre ambos países, con repercusiones directas en la protección de los derechos de los connacionales y en la cooperación bilateral.

Este proceso, supervisado por la Cancillería de Colombia bajo la dirección de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, responde a una directriz del presidente Gustavo Petro y se inscribe en el compromiso de su gobierno de priorizar la seguridad y el bienestar de los colombianos en el exterior, según informó la ministra Villavicencio a medios institucionales.

En el municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, se concretó la entrega de los liberados a sus familias y a las autoridades colombianas, en un procedimiento que contó con la presencia del embajador Milton Rengifo Hernández y los cónsules David Gilberto Haddad Clavijo y Jesús Alberto Grueso Zúñiga.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, también participó en la verificación de identidades y en la atención a los liberados, quienes serán trasladados a sus lugares de origen para recibir acompañamiento y acceso a rutas de atención.

Uno de los casos más notorios es el del abogado Edwin Colmenares, quien permaneció más de diez meses privado de la libertad y cuyo proceso fue objeto de solicitudes de ayuda por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y autoridades, debido a las presuntas irregularidades en su detención por parte de la guardia venezolana.

La liberación de los colombianos, quienes habían sido acusados de actuar como mercenarios con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro, se logró tras meses de coordinación diplomática binacional.

Varios de los detenidos llevaban más de nueve meses privados de la libertad. La colaboración con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, encabezado por Yván Gil, resultó fundamental para avanzar en una agenda conjunta orientada al respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales.