La captura de dos agentes de la Policía Metropolitana de Manizales dio inicio a un proceso penal que volvió a poner sobre la mesa un debate que ya se había planteado en varias ocasiones: las condiciones de detención y el trato hacia las personas privadas de la libertad en Colombia.
Esto llevó a que las autoridades acusaran a un subintendente originario de Pereira y a un patrullero procedente de Bucaramanga de los delitos de tortura, abuso de autoridad y omisión de socorro.
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Los hechos habrían dejado como víctima, con varias lesiones, a un recluso de la Unidad de Protección de Personas Privadas de la Libertad de Manizales, adscrita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según informó el diario La Patria de Manizales, tras conocerse el caso, el operativo de aprehensión se llevó a cabo el martes 2 de diciembre de 2025, luego de que la Personería de Manizales presentara una denuncia basada en la declaración de la esposa del ciudadano afectado.
El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, explicó ante los medios que las capturas se efectuaron como parte de las acciones señaladas dentro de un proceso coordinado con la Dijín (Dirección de Investigación Criminal) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Sobre el motivo de la captura, el oficial señaló que se dio porque los dos uniformados activos habrían ejercido “malos tratos físicos a una persona”.
“Se tuvieron elementos de juicio para la necesidad de presentarlos ante un juez. Deben rendir cuentas ante las autoridades. Garantizaremos toda la transparencia para el desarrollo de las investigaciones”, agregó en su declaración al mismo medio local el coronel Figueroa.
El expediente que motivó las medidas judiciales relata una serie de episodios que habrían ocurrido en mayo de 2024, según consta en la denuncia trasladada por la Personería a la Fiscalía.
De acuerdo con la esposa del interno, él habría sido agredido física y psicológicamente, sometido a tratos crueles e inhumanos y privado de asistencia médica tras recibir serias lesiones.
“Lo sacaron del patio, lo esposaron con las manos atrás, lo llevaron al baño para evitar las cámaras y le dieron patadas, puños en la cara y en todo el cuerpo, lo tiraron al suelo y le aplicaron 9 descargas con la táser”, afirmó la compañera sentimental del denunciante.
En esta misma versión presentada a las autoridades se menciona que el hombre (retenido) habría permanecido varias horas esposado a una reja y sin recibir atención de salud adecuada.
“Se burlaron de él porque se orinó en la ropa” agregó en la declaración la mujer que dio a conocer el diario caldense.
La víctima, identificada como un individuo condenado a 10 años por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, se encontraba recluido en la mencionada Unidad de Protección de Personas Privadas de la Libertad durante los presuntos hechos.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación buscará establecer responsabilidades concretas en torno a los delitos imputados, y en especial frente al uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de los lineamientos que rigen el tratamiento de personas bajo custodia.
El coronel Figueroa reiteró la política de cero tolerancia frente a la corrupción y los abusos en el ejercicio policial, y se seguirá con la cooperación junto a los organismos encargados de la investigación judicial y la disposición para que los implicados respondan ante las autoridades competentes.
El proceso judicial abrió el miércoles 3 de diciembre de 2025 las primeras audiencias ante el juez de control de garantías, en las que se decidirá la situación jurídica de los uniformados.
Se espera que en los próximo, y lo más seguro es que para inicios de 2026, se pueda conocer el veredicto final de este proceso que vuelve a poner en el ojo del huracán a las autoridades y el trato que reciben los reclusos.
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