El 3 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado en la que el representante a la Cámara David Racero tuvo que comparecer. El congresista está siendo investigado por presuntamente haber asignado tareas a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que no estaban relacionadas con la labor que desarrolla en el Congreso de la República.
De acuerdo con información revelada en medios de comunicación, Racero solicitó a algunas personas de su UTL hacerse cargo de ocupaciones relacionadas con un fruver, que es un negocio familiar. El congresista fue demandado y el Consejo de Estado admitió el recurso de ley para su estudio.
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“Los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraran y atendieran un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá D.C., hecho que fue registrado por varios medios de comunicación social”, dispuso el Consejo de Estado en el auto a través del cual admitió la demanda.
Durante la audiencia, se indicó que, según la jurisprudencia de la corporación, un congresista puede incurrir de manera indirecta en una “indebida destinación de dineros públicos” cuando, en el caso de Racero, se encarga a los funcionarios de su UTL actividades que no corresponden a sus tareas legislativas.
En consecuencia, los demandantes solicitaron que Racero pierda su investidura, es decir, su separación del cargo que hoy ostenta en el Congreso de la República. “Honorables magistrados, al evaluar las pruebas con el rigor, el rigor que exige este juicio y al reconstruir los hechos bajo una perspectiva jurídica coherente, se advierte con claridad que la sanción de pérdida de investidura no solo se encuentra plenamente acreditada, sino que resulta indispensable”, precisó uno de los demandantes en la diligencia.
Según explicó, la medida que solicitó se tome en contra del representante a la Cámara servirá para preservar la integridad ética del Congreso, así como la moralidad administrativa y la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional.
El Ministerio Público, por el contrario, solicitó que se niegue la solicitud de pérdida de investidura contra Racero, explicando que el elemento objetivo de la causal invocada no fue debidamente probado y, por tanto, habría dudas razonables que impedirían sancionar al congresista.
El delegado explicó que, aunque hay pruebas que demuestran que al menos un funcionario de la UTL de Racero sí hizo tareas relacionadas con el mercado tipo fruver por petición del representante, esto no demuestra que haya existido una desviación de dineros públicos para el cumplimiento de esas actividades.
“Estamos frente a un proceso que es sancionatorio, con una consecuencia supremamente grave en su sanción, porque es la muerte política definitiva del congresista (…). En ese sentido, resulta necesario entrar a hacer un análisis sobre el juicio de la conducta del congresista y en tal sentido, el Ministerio Político solicita que se niegue la presente solicitud de pérdida de investidura”, precisó el delegado de la Procuraduría General de la Nación en la audiencia.
Procuraduría abrió indagación previa contra Racero
El 30 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el representante a la Cámara por otros hechos que también involucran a miembros de se UTL. Presuntamente, el legislador hizo solicitudes de dinero a sus subalternos; esta situación al parecer se presentó con una de sus asesoras, a quien le habría pedido parte de sus ingresos.
El organismo de control también incluyó lo sucedido con el fruver, tema que puso a tambalear el espacio que tiene Racero en la Cámara de Representantes.
“Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario”, detalló.
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