El 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en una red de corrupción destinada a la compra de votos en el Congreso, pero ¿cómo crearon la supuesta organización criminal?
Según información en poder del ente acusador, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2023 y febrero de 2024 e involucraría la asignación de contratos por más de 612.000 millones a congresistas, con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias para la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
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La audiencia de imputación se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero.
La próxima sesión está programada para el 15 de diciembre de 2025.
Durante la audiencia, la Fiscalía acusó a Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Según la fiscal María Cristina Patiño, ambos exfuncionarios “lideraron, promovieron y dirigieron” una organización criminal que buscaba “aceitar” con contratos a congresistas para garantizar el respaldo a las reformas sociales y operaciones de crédito público propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, según recogieron los medios fuente.
La investigación se apoya en las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Estos exfuncionarios, que han negociado beneficios judiciales a cambio de su colaboración, describieron cómo los exministros habrían ordenado la entrega de contratos a legisladores a cambio de su apoyo en el Congreso, de acuerdo con la información recogida por los medios fuente.
La Fiscalía detalló una serie de reuniones y acuerdos que habrían permitido el direccionamiento de contratos a congresistas de distintas comisiones.
El primer hecho relevante se remontaría a noviembre de 2023, cuando Velasco y Bonilla habrían instruido a Benavides para reunirse con el senador Julio Elías Chagüi y discutir tres proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el departamento de Córdoba, por un total de 15.700 millones de pesos.
Chagüi habría manifestado representar a otros ocho congresistas y solicitado cupos indicativos a cambio de votos, según la Fiscalía.
El segundo episodio involucra a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp): Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Bittar y Juan Pablo Gallo.
Tras la negativa de la Cicp a aprobar 17 créditos para la Nación entre junio y diciembre de 2023, los exministros habrían negociado la asignación de tres convenios de la Ungrd para los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por 89.619 millones de pesos. Posteriormente, la Cicp aprobó varias operaciones de crédito, según la información presentada por la Fiscalía.
Un tercer hecho señalado por la Fiscalía es la presunta asignación de un contrato para obras de mitigación de inundaciones en Sahagún (Córdoba), por 28.141 millones, al senador Chagüi. Aunque la reunión para concretar este acuerdo se habría realizado el 23 de noviembre de 2023, la fiscal Patiño indicó que el convenio no llegó a ejecutarse.
Proyectos y contratos involucrados
En total, la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco comprometieron la entrega de 74 proyectos del Invías, por 571.000 millones, y cinco proyectos adicionales en la Ungrd, por más de 40.000 millones.
Estos contratos estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, así como de la Cámara de Representantes y la Cicp.
La investigación también señala que, de los 79 contratos identificados, solo siete se habrían concretado. El reparto de los proyectos se organizó por comisiones y regiones, con montos significativos destinados a departamentos como Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Sucre, Cundinamarca y Boyacá.
Los beneficiarios indebidos, según la Fiscalía, serían varios senadores y representantes, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
Defensa de los exministros
Durante la audiencia, tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos y defendieron su inocencia. Bonilla manifestó ante la magistrada Rosero Baquero: “Más de medio siglo trabajando actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Eso lo conoce bien la Fiscalía. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”, indicó en la audiencia.
Por su parte, Velasco, quien participó de forma virtual, insistió en que los hechos imputados no corresponden a su periodo como ministro y cuestionó la falta de precisión en las acusaciones: “Debo confesar que estoy muy confundido porque cómo me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé, no sé quiénes son. ¿Cómo no voy a estar confundido si hablan de casi 600.000 millones de todos en contratos en el Instituto Nacional de Vías y no sé a qué congresistas se les ofrecieron ni para qué proyectos de ley, a cambio de qué?”, se le escuchó.
Velasco también descartó cualquier acuerdo con la Fiscalía y reiteró: “No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación, porque soy completamente inocente”.
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