Germán Vargas Lleras acusó al Gobierno Petro de sacrificar la seguridad nacional por intereses políticos: “Un plan meticuloso”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras consideró que el Gobierno “sacrificó” la seguridad nacional de Colombia como parte de una supuesta estrategia política para asegurar su continuidad en el poder.

Así lo describió en una columna de opinión publicada por El Tiempo, en la que expuso la existencia de “un plan meticuloso y estratégico” diseñado, según sus palabras, para debilitar las instituciones y fortalecer alianzas con actores ilegales.

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En el texto, Vargas Lleras sostuvo: “Una organización criminal está enquistada en las más altas esferas del Estado y cuyos alcances hasta ahora empiezan a conocerse. En mi opinión, una expresión más de la materialización del plan del señor Petro y sus aliados para debilitar al Estado, fortalecer a los grupos ilegales y garantizar por cualquier vía los votos que aseguren su permanencia en el poder”.

Entre los hechos referidos, Vargas Lleras señaló el llamado “Pacto de La Picota” como el primer paso de la estrategia, explicando que el presidente Gustavo Petro “abrió canales con actores armados, población carcelaria de alto perfil y estructuras criminales para prometer beneficios jurídicos a cambio de votos y apoyos regionales”.

Para el exfuncionario, esto fue parte de una operación planificada. “Nada de lo que está ocurriendo es accidental ni improvisado”, planteó en la columna.

El texto cuestionó luego la política de “paz total” implementada por el Gobierno. Vargas Lleras dijo que, con ella, “el Gobierno ha convertido a narcotraficantes y delincuentes en ‘interlocutores válidos’”, lo que llevó a que se suspendieran órdenes de captura y se liberaran cabecillas.

Afirmó también que grupos armados “no están desmovilizándose sino expandiéndose, operando con impunidad y controlando gran parte del territorio”, en otra crítica expresada en la publicación de El Tiempo.

Como parte de sus argumentos, el exvicepresidente se refirió al retiro de más de 60 generales del Ejército y la Policía, acción que, en su opinión, privó a la fuerza pública de “sus mejores hombres” y anuló “un esfuerzo de formación de muchos años”.

Vargas Lleras dedicó fragmentos de la columna al caso de las disidencias de las Farc, dirigidas por alias Calarcá.

Citó revelaciones de Noticias Caracol sobre la supuesta infiltración criminal en el Estado, y afirmó: “La seguridad nacional fue sacrificada por este gobierno para, paradójicamente, consolidar el poder”.

Sobre la captura de alias Calarcá, el líder de Cambio Radical escribió que fue “capturado en flagrancia, pero inexplicablemente fue liberado en virtud de su estatus de gestor de paz, tesis que no comparte ni el propio ministro de Defensa”.

Al referirse a las consecuencias, Vargas Lleras expresó que aunque en la captura de alias Calarcá se incautó información comprometedora, ninguna investigación avanzó. Paralelamente, el general Fajardo, responsable de la captura, fue retirado.

“¿Cómo entender que la Fiscal General no tuviera conocimiento cuando la información estaba en poder de una de sus Direcciones desde el 2024 y que se haya preocupado más por la filtración que por el avance real del proceso?”, según publicó en El Tiempo.

La columna también abordó la respuesta del presidente Gustavo Petro a las denuncias. Vargas Lleras afirmó que el presidente optó por decir que todo es falso, atribuirlo a un “plan de la CIA” o restar importancia a las pruebas y a la autenticidad de los documentos.

Sobre la actual condición de alias Calarcá, el exvicepresidente escribió que sigue como “gestor de paz” con orden de captura suspendida y privilegios.

Cuestionó la distribución de las acciones militares en dos años recientes: “¿cómo explicar que entre 2024 y 2025, de los 13 bombardeos realizados por el Gobierno, nueve hayan sido contra ‘Mordisco’, dos contra el ‘clan del Golfo’, uno contra ‘Calarcá’ y uno contra el ELN?”, formulando una interpretación política de esos objetivos.

Finalmente, Vargas Lleras concluyó en El Tiempo que existe una “sustitución del Estado y su institucionalidad por una alianza del Gobierno con grupos armados ilegales a los que no se combate sino que se protege y cuyo protagonismo y alcances se harán más relevantes a medida que nos acerquemos a las elecciones”.