Reforma tributaria de Petro sale viva del primer debate en el Congreso, aunque el misterio por la aprobación sigue latente

El Congreso de la República, por ahora, dio vía libre al nuevo proyecto de reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar más de $16 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Este es el tercero consecutivo de este tipo que presenta, luego del que se cayó en 2024, y el aprobado en 2022.

En la noche del 26 de noviembre, tras más de cuatro horas de debate, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de Representantes no aprobaron las ponencias negativas que presentaron, por un lado, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde y del representante a la Cámara Jorge Méndez, de Cambio Radical.

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La Comisión Tercera de la Cámara rechazó las dos propuestas de archivo de la reforma tributaria. La votación por la propuesta de Miranda resultó en 15 votos en contra y 7 a favor de las ponencias. Mientras que la otra, propuesta por un grupo de congresistas de esta sección, votaron 7 por el “sí” y 12 por el “no”.

En lo que refiere a la Comisión Cuarta de la Cámara, no hubo cuórum decisorio, por lo que, sobre las 9:05 p. m., se levantó la sesión y se citará por secretaría para el martes 2 de diciembre. De cara a lo que sigue, también falta que las comisiones del Senado voten las ponencias de archivo para luego pasar a las ponencias positivas.

Previo a la sesión del 26 de noviembre, el presidente Gustavo Petro había dicho que si se hundía la propuesta, Colombia podría entrar en default para cumplir sus compromisos, situación que buscaría evitar “a como dé lugar”.

Según el mandatario, la situación fiscal se agravó por el subsidio a la gasolina implementado en el gobierno anterior y continuado en los primeros años de su administración, lo que representó un billonario gasto en tres años. Por eso, resaltó la urgencia de tomar medidas fiscales y responsabilizó al Congreso de la República de decidir entre aprobar nuevos impuestos a los más ricos o asumir las consecuencias de un deterioro fiscal mayor.

No obstante, el proyecto de ley, que tenía cuatro ponencias (una de archivo, dos negativas y una positiva), siempre tuvo más voces en contra que a favor. Por ejemplo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del Partido Cambio Radical, había pedido al Congreso de la República el hundimiento de la iniciativa.

“Senadores y representantes: no faltan sino dos semanas efectivas de legislatura. Todo el país está pendiente de ustedes. Fuerza. Resistan, para evitar que Petro logre su propósito”, escribió en X.

De igual forma, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, había advertido sobre las posibles consecuencias de nuevas cargas fiscales para la clase media, los trabajadores formales y el sector de hidrocarburos. Afirmó que el proceso legislativo de la reforma estaba “viciado” porque “se anunció el proyecto sin verificar el quórum en las cuatro Comisiones Económicas”, a pesar de las solicitudes de varios congresistas para que se hiciera esa revisión.

“Haciendo todo a las patadas”

Según el senador, el Gobierno está “haciendo todo a las patadas” al omitir procedimientos parlamentarios básicos.

Dijo que la ciudadanía alcanzó el límite de su capacidad contributiva y que “este país no aguanta medio impuesto más”. Destacó que la clase media “se ha consolidado con esfuerzo” y que ni quienes declaran renta ni el sector productivo podrían soportar nuevos gravámenes. También instó a que el debate se enfoque en la situación económica actual y en la carga impositiva que enfrenta la población.

Los ajustes que se habían hecho al proyecto de ley

El proyecto de reforma tributaria tuvo varios ajustes para empezar el trámite en el Congreso de la República para buscar un equilibrio entre las necesidades fiscales y el efecto en los sectores productivos y los hogares. Aunque la estructura principal del articulado se preservó, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que se eliminaron cinco artículos y 12 experimentaron modificaciones sustanciales.

Entre las supresiones más destacadas figuraron los artículos sobre el IVA a los combustibles. La ponencia explica que los artículos 5, 6 y 8 fueron retirados porque los congresistas expresaron preocupación por “el impacto que podrían tener en el nivel de precios de la economía”. Se eliminó además el artículo 80, relacionado con un régimen de transición, al decidirse que no habrá cambios en el IVA de la gasolina y el ACPM.

También se excluyeron los siguientes:

• Artículo 13: plantea gravar las actividades comerciales de las iglesias, al considerar que “existían muchas dificultades para distinguir las actividades relacionadas con el culto de aquellas comerciales”. Se argumentó que estas organizaciones hacen obras sociales que justifican mantener el tratamiento tributario actual.

• Artículo 15: busca cambios en el impuesto de renta de personas naturales con impacto desde 2027, fue descartado por no generar recaudo inmediato. Se retiró igualmente el artículo 25, que proponía un impuesto al consumo para servicios de esparcimiento, culturales y deportivos superiores a 10 UVT, tras advertir que podría perjudicar al turismo, un sector que manifestó inquietud frente al posible efecto de varias medidas tributarias simultáneas.
• Artículo 9: redefine la tarifa de IVA de 5% aplicable a ciertos bienes. El cambio establecía que solo los “híbridos full, sean enchufables o no” conservarán esa tarifa, mientras que el resto de los vehículos híbridos pasará a la tarifa general, con el objetivo de orientar la transición hacia tecnologías más limpias.
• Artículo 14: se ajustan los incrementos para el sector financiero y se eliminó el parágrafo que afectaba al petróleo y al carbón. Solo se mantenía el incremento tributario para la banca, con la finalidad de equiparar su tasa efectiva a la de otras actividades económicas.

Ganancias ocasionales, retefuente y consumo de cerveza

El texto presentado incluye otros ajustes en rubros como ganancias ocasionales, retención en la fuente y consumo de cerveza. Sobre este último punto, el componente específico se había reducido de $330 a $198 por botella y el ad valorem bajó de 30% a 15%, manteniéndose los objetivos de recaudo. También se adoptaron medidas de protección a pequeños productores artesanales, permitiendo que personas naturales no responsables del IVA queden excluidas del nuevo impuesto.

Otras variaciones establecen reglas precisas para la reducción temporal de sanciones e intereses, cambios en obligaciones formales y rediseño de fórmulas para el IVA en combustibles. Por otra parte, la tarifa de normalización tributaria subía de 15% a 19% y se revisaban las derogatorias para revertir cambios en dependientes, dividendos y componente inflacionario, ya que no generarían recaudo en 2026.

El documento incorporaba dos artículos nuevos: uno redefine la exclusión de IVA para envíos postales, limitándola a paquetes inferiores a USD50; el otro ordenaba incorporar las rentas de la ley al presupuesto vigente para asegurar balance entre ingresos y gastos.