Llamado de atención al Congreso para que proteja los programas sociales ante la nueva reforma del Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro advirtió, el 25 de noviembre, durante Consejo de Ministros, sobre el riesgo de un default de Colombia si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. Con esto, abrió la posibilidad de que el país no cumpla con sus obligaciones de pago de deuda, ya sea sobre el capital o los intereses.

Según el mandatario, la situación fiscal se agravó por el subsidio a la gasolina implementado en el gobierno anterior y continuado en los primeros años de su administración, lo que representó un billonario gasto en tres años. Por eso, resaltó la urgencia de tomar medidas fiscales y responsabilizó al Congreso de la República de decidir entre aprobar nuevos impuestos a los más ricos o asumir las consecuencias de un deterioro fiscal mayor.

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“El subsidio de la gasolina suma un pago en tres años de $70 billones”, afirmó el presidente, que señaló que este gasto aceleró el déficit fiscal en un momento en que el país intentaba corregirlo. Según él, la sostenibilidad de las finanzas públicas depende de la aprobación de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, que busca recaudar $16 billones, al advertir que, de no lograrse, el país podría enfrentar un default, situación que buscará evitar “a como dé lugar”.

Petro enfatizó en que la solución pasa por una reforma tributaria que grave de manera exclusiva a los más ricos. “Si el Congreso es responsable, dado que solo le ponemos impuestos a los más ricos, solucionamos el problema y bajaría el costo de la deuda y equilibraríamos el daño que nos dejó pagar en tres años $70 billones, que aparecen como gasto en los presupuestos, pero no aparecen como ingresos”, sostuvo el presidente.

No obstante, expertos en el asunto le salieron al cruce y rechazaron la nueva medida económica.

A proteger programas sociales

Por ejemplo, la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló, por medio de X, que “el Congreso tiene la responsabilidad de estabilizar las finanzas públicas y proteger los programas sociales, pero sin recurrir a una nueva reforma tributaria que afecte a quienes producen y generan empleo”. Insistió en que “Colombia necesita atraer inversión, no espantarla”.

Lacouture planteó cuatro puntos que, a su juicio, el Congreso debe garantizar:

• Disciplina en el gasto público: revisar la calidad y eficiencia del mismo, recortar expansiones de funcionamiento y priorizar la inversión que impulse el crecimiento. Sin un ajuste serio del gasto, cualquier reforma tributaria resultaría incompleta e injusta.
• Combatir la evasión fiscal y a eliminar beneficios mal focalizados: la reforma tributaria desincentiva el ahorro, la formalización y la inversión a largo plazo, sin reducir de manera significativa la evasión ni corregir regímenes de privilegio. “Se castiga al formal y se mantiene intocado al evasor”, advirtió.
• Competitividad del país: la normativa mantiene la tasa de renta corporativa más alta de la región, consolida un impuesto al patrimonio “muy agresivo y atípico” y eleva la tributación efectiva empresa–socio a niveles cercanos al 70%.
• Inseguridad jurídica: se agrava al tratarse de la tercera gran reforma tributaria en el actual Gobierno.

Lacouture advirtió sobre el riesgo de una “doble tributaria” para empresas y clase media, derivada de la falta de coordinación entre la Nación y los entes territoriales. A su juicio, el aumento de cargas nacionales y locales, ante el bajo crecimiento, solo aceleraría la pérdida de competitividad y empleo formal, lo que conduciría a menos inversión, mayor informalidad y menos oportunidades para la población.

Afirmación imprecisa de Gustavo Petro

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, analizó las consecuencias de una eventual caída de la ley de financiamiento.

Al remarcar que la afirmación del posible default de Colombia en caso de que no se apruebe el proyecto de ley es imprecisa, ya que las necesidades económicas del país seguirán, estimó que, en ese escenario, el Gobierno tendría que recortar $16 billones del presupuesto previsto para 2026. Sin embargo, advirtió que el ajuste real podría situarse entre $40 Y $50 billones, dada la magnitud de las demandas de recursos en sectores como salud y energía.

De paso, puntualizó que la ley de financiamiento tendría un impacto generalizado sobre la economía, en especial, por medio del impuesto al carbono, que incrementaría los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad, además de afectar otros rubros como el transporte aéreo.

Considera el experto que la normativa golpearía sectores estratégicos para el crecimiento y la inversión, y cuestionó la viabilidad política y económica de aplicar aumentos significativos en sectores clave para el país.