El regreso del general Juan Miguel Huertas Herrera al Ejército Nacional de Colombia, formalizado en agosto de 2025 tras su retiro en 2021, ha generado inquietud entre los mandos activos y retirados de la institución.
Su designación como jefe del Comando de Personal (Coper), considerado una de las dependencias con mayor fuerza del Ejército por su control sobre la gestión del talento humano y la información estratégica, se produce en medio de señalamientos por presuntos nexos con grupos armados y procesos judiciales en curso.
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Según información conocida por El Tiempo por parte de fuentes cercanas de la institución, en los días previos a su retorno, se le propusieron a Huertas varios cargos en diferentes áreas del Ejército, pero el oficial habría insistido en dirigir el Coper, rechazando otras alternativas.
“Su reintegro se dio como pago de un favor político. Él apoyó al presidente Gustavo Petro en la campaña, y fueron varios los ofrecimientos que se le hicieron, pero él desistió de todos porque quería retornar a la institución”, señaló la fuente al diario nacional.
El área que ahora lidera Huertas administra las hojas de vida, historiales operacionales, clasificaciones, perfiles de riesgo y decisiones estratégicas para ascensos, traslados y bienestar del personal militar.
La sensibilidad de este cargo radica en el acceso a información clave para la estructura y funcionamiento del Ejército. Una fuente citada por El Tiempo advirtió que la forma como ingresó el alto oficial ya ha generado preocupaciones entre la cúpula de las Fuerzas Militares.
“La posibilidad de que ese flujo de datos quede bajo el mando de un oficial mencionado en investigaciones armadas y señalado en reportes de inteligencia extranjeros genera cuestionamientos que ya circulan entre altos mandos”, señaló la fuente.
Los antecedentes que rodean a Huertas han sido motivo de alarma. Su nombre apareció en material incautado a las disidencias de Calarcá, incluyendo chats, cartas y correos que lo vincularían con ese grupo armado.
Además, el exministro del Interior y candidato presidencial Daniel Palacios declaró a El Tiempo que “las agencias de inteligencia de Estados Unidos presentaron (en 2022) información clara sobre sospechas de relacionamiento del general con grupos criminales”.
Palacios agregó que, tras esa alerta, “quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”, lo que ha reavivado los interrogantes sobre la gestión de estas advertencias y los filtros aplicados por el Gobierno en el proceso de reintegro.
En el plano judicial y disciplinario, Huertas enfrenta un proceso abierto en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que examina su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, cuando se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 4.
Aunque varios subalternos lo han mencionado como actor relevante para esclarecer hechos en esa unidad, no figura como “máximo responsable” y su situación sigue en trámite en la Sala de Definiciones Jurídicas.
Paralelamente, el Ejército ha iniciado investigaciones internas y la Procuraduría ha abierto un proceso disciplinario para determinar si Huertas incurrió en conductas que puedan derivar en faltas o delitos durante el ejercicio de sus funciones.
Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que cualquier decisión sobre el futuro de Huertas dependerá de los resultados de las investigaciones en curso.
Asimismo, el exministro de Defensa Diego Molano aseguró que el general Huertas ya mostraba indicios de deslealtad con el Estado y la institución.
“Es evidente con la investigación que hace Caracol, eso ya evidencia que se encuentra y seguramente será valorada por las autoridades, pero el tema es muy grave porque precisamente ratifica por qué se tomaron decisiones a discrecionalidad en términos de la valoración de esa información de inteligencia y contrainteligencia y de su lealtad con el país”,señaló Molano a Caracol Radio.
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